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Medios de prueba 157
7.3.3.3. Documentos administrativos
Dentro de esta subespecie quedan comprendidos los documentos expedidos
por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones legales.
Conviene destacar que para que estos documentos sean públicos no basta
con que los expidan funcionarios públicos: es necesario que los hagan precisamente
en ejercicio de sus atribuciones legales. Por esta razón, la Suprema Corte
ha sostenido que las “certificaciones expedidas por las autoridades sobre
asuntos ajenos a sus funciones, no tienen ningún valor jurídico, y, para utilizar
lo dicho por las autoridades, en lo que no se refiere a sus funciones, es preciso
promover la prueba testimonial con arreglo a derecho”. 16
7.3.3.4. Constancias registrales
Estos documentos son los expedidos por las dependencias encargadas de llevar
el registro de determinados actos o hechos jurídicos, tales como el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, el Registro Civil, el Registro de Transferencia
de Tecnología, etc. Estas dependencias expiden constancias o certificaciones
acerca de los registros que realizan.
Por regla, todos los documentos públicos a que nos hemos referido hacen
prueba plena, salvo que se demuestre su falsedad por otros medios legales (art.
403 del CPCDF). 17
7.3.4. Documentos privados
Por exclusión, estos documentos se definen como aquellos que no han sido
expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones o por
profesionales dotados de fe pública. El art. 334 contiene una enunciación
insuficiente de los documentos privados: “Son documentos privados los vales,
pagarés, libros de cuentas, cartas y demás escritos firmados o formados por las
partes o de su orden y que no estén autorizados por escribanos o funcionarios
competentes.”
Los documentos privados pueden ser reconocidos por su autor en forma
expresa o tácita.
16
Tesis de jurisprudencia 102 del ASJF 1997-2000, t. IV, p. 88, “CERTIFICACIONES OFICIALES.
VALOR DE LAS”.
17
En relación con las escrituras públicas, la tesis de jurisprudencia 254 del ASJF 1917-1995,
4a. parte, pp. 173 y 174, “ESCRITURAS PÚBLICAS”, indica que aquéllas “conservan el valor probatorio
que la ley les concede, mientras no se demuestre, en el juicio correspondiente, la falsedad
de las mismas”.