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424 Derecho procesal civil
De acuerdo con la fracc. I del art. 904, al admitir la demanda de interdicción
el juez debe ordenar “que la persona que auxilia a aquel de cuya interdicción se
trata, lo ponga a disposición de los médicos alienistas o de la especialidad
correspondiente”, y se presente informe fidedigno de dicha persona u otro
medio de prueba que justifique la necesidad de dictar las medidas cautelares
conducentes al aseguramiento de la persona y bienes del señalado como incapacitado.
Los médicos que practiquen el examen deberán ser designados por el juez
y serán de preferencia alienistas o de la especialidad que corresponda. El examen
se hará en presencia del juez, previa citación de la persona que haya
pedido la interdicción y del Ministerio Público (art. 904, fracc. II).
Si en el dictamen pericial resulta comprobada la incapacidad o, al menos,
se pone en duda la capacidad de la persona sujeta al procedimiento, el juez
debe dictar las siguientes medidas: a) nombrarle tutor y curador interinos,
cargos que deben recaer en las personas señaladas en el inciso a) de la fracc. III
del art. 904; b) poner los bienes del presunto incapaz bajo la administración del
tutor interino, salvo, en su caso, los de la sociedad conyugal, que quedarán
bajo la administración del cónyuge, y c) proveer legalmente de la patria potestad
o tutela a las personas que tuviese bajo su guarda el presunto incapaz.
Contra la resolución en la que se ordenen estas medidas procede el recurso de
apelación en el efecto devolutivo (ejecutivo).
Posteriormente, el juez ordenará un segundo examen del presunto incapaz
por otros médicos, también nombrados por él en los términos indicados en la
fracc. II. Si hubiese discrepancia entre el nuevo dictamen pericial y el anterior,
el juez llamará a los peritos a una “junta de avenencia”, y si no logra superar
las discrepancias nombrará un perito tercero en discordia. Por último, citará a
una audiencia en la que, si estuviesen conformes el tutor y el Ministerio Público
con el solicitante, dictará resolución en la que declare o no la interdicción
(art. 904, fraccs. IV y V).
Si en la audiencia pública hubiese oposición del tutor interino o del Ministerio
Público (aquí el CPCDF, prejuzgando la incapacidad del afectado, niega
relevancia jurídica a su voluntad), la declaración de incapacidad no podrá ser
hecha en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, sino en el juicio ordinario,
en el que subsistirán las medidas decretadas en dicho procedimiento y en el
que se debe dar oportunidad al presunto incapaz de defenderse, independientemente
de la representación atribuida al tutor interino. En todo caso, la prueba
de la incapacidad deberá apoyarse en la “certificación de dos médicos o
psicólogos, por lo menos, preferentemente de instituciones de salud oficiales”.
Una vez que la sentencia dictada en el juicio ordinario en la que se declare la