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52 Derecho procesal civil
3.3.2. Nombre y apellidos del actor y domicilio
que señale para oír notificaciones
La persona que asuma la posición de parte actora o demandante y comparezca
por su propio derecho, debe tener capacidad procesal. Las personas sin capacidad
procesal sólo pueden comparecer a juicio a través de sus representantes
legítimos. Las personas colectivas, morales o jurídicas también lo hacen por
medio de sus órganos de representación o de sus apoderados.
Las personas físicas, con capacidad procesal, pueden comparecer a través
de mandatarios judiciales o procuradores, si así lo desean. Aquí la representación
procesal es voluntaria o convencional.
En todo caso, cuando una persona (parte material) comparece a través de
un representante legítimo, legal o voluntario (parte formal), debe acompañar a
la demanda los documentos que acrediten esa representación (art. 95, fracc. I).
Cuando se presenta el fenómeno del litisconsorcio, en virtud de que dos o
más personas ejerzan una misma pretensión (litisconsorcio activo) u opongan
la misma excepción (litisconsorcio pasivo), es necesario que nombren un solo
mandatario judicial que las represente a todas, o bien que elijan de entre ellas
mismas un representante común; en caso de que no lo hagan dentro del plazo
de tres días, el juez les nombrará al representante común, escogiendo entre las
personas que hubiesen sido propuestas o, en su defecto, a cualquiera de los
interesados (art. 53).
Por otro lado, el domicilio que se señale para oír notificaciones debe estar
ubicado en el lugar del juicio. En caso de que el actor no designe domicilio
para oír notificaciones, éstas se harán por Boletín Judicial, aun las que deban
hacerse personalmente (art. 112).
En la reforma al CPCDF publicada en el DOF del 24 de mayo de 1996, se
estableció que las partes pueden “autorizar para oír notificaciones en su nombre”,
a personas con cédula profesional de licenciados en derecho o con carta
de pasante, a quienes por esta autorización expresada por escrito —que puede
ser en la demanda o en cualquier otro escrito posterior— se otorga una especie
de mandato judicial simplificado, ya que los autorizados “quedarán facultados
para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo
de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias,
pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad
de la instancia por inactividad procesal y realizar cualquier acto que
resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no
podrán sustituir o delegar dichas facultades en un tercero”. En el escrito en el
que se haga la autorización se deben proporcionar los datos de la cédula pro-