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426 Derecho procesal civil
al Ministerio Público y a un tutor especial nombrado para tal objeto por el
juez (si la solicitud proviene de quienes ejercen la patria potestad) o al curador
(si es del tutor). La resolución definitiva que el juez dicte es apelable en ambos
efectos (suspensivo) (arts. 916 y 920).
Quienes ejercen la patria potestad necesitan la mencionada autorización
judicial para: a) vender o gravar bienes inmuebles de los hijos o consentir la
extinción de sus derechos reales, y b) vender los muebles preciosos de éstos (art.
920). Los tutores requieren autorización judicial: para realizar los actos anteriores
y, además, para: a) vender inmuebles y derechos reales sobre ellos; b) vender
alhajas; c) vender acciones de sociedades mercantiles cuyo valor exceda de cinco
mil pesos; d) transigir sobre los derechos de los incapacitados; e) celebrar contratos de
arrendamiento por más de cinco años sobre bienes de los incapacitados, y f) recibir
dinero prestado en nombre del menor o del incapacitado (arts. 915 y 922). La
solicitud del tutor para vender bienes inmuebles debe contener, además, “las
bases del remate en cuanto a la cantidad que deba darse de contado, el plazo,
interés y garantías del remanente” (art. 916).
La autorización para vender bienes inmuebles permite su enajenación sólo
a través del procedimiento de remate previsto en el CPCDF (véase supra 14.8.1),
con la variante de que en él no podrá admitirse postura menor de las dos
terceras partes del avalúo, y sólo si en la primera almoneda no se presentan
postores, el solicitante, el curador o el consejo de tutelas podrán pedir la realización
de una junta para decidir si deben modificarse o no las bases del remate
(art. 917).
El juez puede autorizar la venta de las alhajas y de los muebles preciosos
por medio de corredor o casa de comercio, en los términos previstos para las
enajenaciones de muebles en la vía de apremio (véase supra 14.8.2) o por
conducto del Monte de Piedad (art. 917). Por último, la venta de acciones
deberá hacerse a un precio no inferior al de su cotización en la plaza el día de
la venta y por medio de corredor titulado o, en su defecto, de “comercio establecido
y acreditado” (art. 918).
El mismo procedimiento de autorización judicial deberán seguir los interesados
para la enajenación y el gravamen de bienes, la transacción de derechos
y el arrendamiento, por más de cinco años, de bienes de los ausentes (art.
922).
21.3.3. Adopción
A través de este procedimiento especial de jurisdicción voluntaria, el que pretenda
adoptar una persona debe acreditar, ante el juez de lo familiar, que reúne