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210 Derecho procesal civil
la eliminación de formulismos innecesarios que aún subsisten, los cuales suelen
no tener más razón de ser que los simples usos forenses. Sin embargo, la
estructura formal de la sentencia prevista en la legislación española no era un
simple formulismo carente de razón de ser, sino una fórmula producida por la
experiencia, la cual respondía y responde a los requisitos externos e internos
de la sentencia que el propio CPCDF y las normas constitucionales establecen.
Por estas razones, resulta explicable que a pesar de la abolición formal
decretada por el art. 82, tal estructura continúe prevaleciendo, en la práctica
procesal, para el pronunciamiento de las sentencias.
Sin acudir a la fórmula española de las sentencias, pero sin caer en el
aparente laconismo del art. 82 del CPCDF, el art. 222 del CFPC expresa brevemente
el contenido mínimo de las sentencias: “Las sentencias contendrán, además
de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta
de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones
jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo
en ellas los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán
resolviendo con toda precisión los puntos sujetos a la consideración del tribunal,
y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse.”
Más completa resulta, sin embargo, la regulación que de la estructura formal
de la sentencia hace el CPC del estado de Sonora. Por un lado, su art. 336
establece los requisitos formales de la sentencia, que consisten precisamente
en los datos de identificación del proceso (fecha y nombres de las partes y de
sus representantes o patrones), una relación sucinta del negocio por resolver
(los resultandos), los fundamentos legales del fallo (los considerandos), así
como los puntos resolutivos. Por otro lado, el art. 340 del citado ordenamiento
establece las reglas concretas para la redacción de las sentencias. Así, entre
otras cosas, indica que el juzgador debe resolver en primer término las cuestiones
incidentales y las excepciones dilatorias que no hubiesen sido resueltas
con anterioridad. Una vez hecho esto, deberá, si procede, decidir sobre la controversia
de fondo. Precisa, en fin, el deber del juzgador de valorar en la sentencia
los medios de prueba practicados y expresar “los principios y reglas” en que
se funde para ello.
9.10. Eficacia de la sentencia y autoridad de la cosa juzgada
En la exposición de las clases de sentencias (supra 9.7.4) quedó señalada la
distinción entre la sentencia definitiva y la sentencia firme. De acuerdo con lo
que entonces se expresó, la sentencia definitiva se convierte en firme cuando
ya no puede ser impugnada por ningún medio; entonces adquiere la autoridad