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308 Derecho procesal civil
Si el juez estima fundada la demanda de la tercería excluyente de preferencia
ordenará que el pago se haga primero al tercerista y después a la parte
actora, si aún queda dinero producto del remate o la enajenación. Si estima
infundada la demanda, ordenará el pago directo a la parte actora.
Pero si el actor y el demandado del proceso inicial se allanan a la demanda
de tercería excluyente, o no la contestan dentro del plazo legal, el juez ordenará
el levantamiento del embargo (si es de dominio) o pronunciará sentencia (si
es de preferencia) (art. 667).
Conviene aclarar que el tercero ajeno a la relación procesal y afectado en
sus bienes o derechos también puede oponerse a la ejecución a través del juicio
de amparo indirecto, sin necesidad de agotar previamente el procedimiento de
tercería excluyente (art. 114, fracc. V, de la Ley de Amparo). La Suprema Corte
de Justicia ha llegado incluso a sostener que es posible promover simultáneamente
la tercería excluyente de dominio y el juicio de amparo indirecto, ya
que, según dicho tribunal, en la tercería excluyente de dominio se debate sobre
la propiedad del bien afectado, en tanto que en el juicio de amparo se
controvierte sobre la posesión de dicho bien. 29
14.10. Ejecución de las sentencias pronunciadas
por tribunales de otras entidades federativas
Como una norma básica del sistema federal mexicano, el art. 121 de la Constitución
establece la llamada cláusula de entera fe y crédito, de acuerdo con la cual
todos los actos realizados por los órganos de autoridad de una entidad federativa
—estado o Distrito Federal— tienen validez y eficacia jurídica en todas las
demás entidades federativas. El párrafo inicial de dicho precepto constitucional
expresa: “En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los
actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros.” Sin
embargo, el propio art. 121 constitucional agrega: “El Congreso de la Unión,
por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros
y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes...”
El Congreso de la Unión no ha expedido hasta la fecha la ley que reglamente
las bases contenidas en el precepto constitucional mencionado. No obstante,
como la “cláusula de entera fe y crédito” tiene vigencia en virtud de dicho artículo,
conviene tomar en cuenta las bases contenidas en su fracc. III.
29
Cfr. Tesis de jurisprudencia 529 del ASJF 1917-1995, t. VI, pp. 347 y 348, “TERCERÍAS,
COEXISTENCIA DE LAS, CON EL AMPARO”.