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Juicio sobre arrendamiento de inmuebles 395
gos o los peritos hayan sido citados por el juez, pues en este caso compete a él
tomar las medidas necesarias para hacer comparecer a los testigos y a los peritos,
por lo que no puede ser imputable al oferente la incomparecencia de
dichos sujetos. Declarar desierta la prueba ofrecida por causa imputable al
oferente en este supuesto también vulnera la oportunidad razonable de prueba
que debe dársele en cumplimiento de la garantía de audiencia establecida
en el art. 14 de la Constitución.
En el art. 962 se establece un embargo precautorio sobre bienes de propiedad
del demandado, en todos los juicios sobre arrendamiento inmobiliario en los
que se demande el pago de rentas atrasadas por dos o más meses. Este embargo
estaba previsto sólo para el juicio de lanzamiento en el art. 498 y ahora se
extiende a cualquier tipo de juicio sobre arrendamiento inmobiliario en el que
se reclame dicho pago.
El aspecto objetable de esta extensión consiste en que para llevar a cabo el
embargo de bienes basta con que lo solicite la parte actora y que en la diligencia
el demandado no exhiba “los recibos de renta correspondientes o escritos
de consignación debidamente sellados”, por lo que prácticamente se le otorga
carácter de título ejecutivo a lo que diga la parte actora, sin necesidad de que
demuestre los dos requisitos indispensables en cualquier medida cautelar:
a) la necesidad de la medida, y b) el derecho que tenga a que se tome la medida.
En el art. 963 se establece que se tendrá “como domicilio legal del ejecutado
el inmueble motivo del arrendamiento”. Hay un doble error en este precepto:
1. se llama ejecutado al demandado, con lo cual se está presuponiendo que el
demandado siempre será condenado al pago de las prestaciones de la parte actora
y, por lo mismo, sufrirá los efectos de la ejecución de la sentencia de condena, y
2. para cumplir con la garantía de audiencia, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha sostenido que el demandado debe ser emplazado en el domicilio
donde realmente viva, no así en el domicilio convencional. Si el legislador,
contrariando la opinión de nuestro más alto tribunal, establece una presunción
legal absoluta de que el demandado vive en el inmueble motivo del arrendamiento,
también podría estar afectando el derecho de defensa en juicio consignado
en el art. 14 constitucional.
Para el trámite de los incidentes se establece asimismo un régimen de excepción,
pues a diferencia de los incidentes de los demás juicios civiles, que deben
resolverse dentro de un plazo establecido a partir del último acto del incidente
(art. 88), en los juicios sobre arrendamiento inmobiliario los incidentes se
resuelven cuando se dicte la sentencia definitiva. Además, en estos incidentes
nunca se suspende el procedimiento (art. 964).