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420 Derecho procesal civil
posición doctrinal predominante ha pugnado por sustraer de la competencia
de los órganos judiciales los procedimientos de jurisdicción voluntaria y atribuir
su conocimiento a las diversas oficinas registrales o a los notarios públicos, así
como de regular dichos procedimientos en leyes autónomas, distintas de los
códigos procesales. 11 Así, por ejemplo, Stalev apunta que en la ex Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde 1927 la gran mayoría de los procedimientos
judiciales no contenciosos fueron encargados para su tramitación al
Notariado de Estado, “con el fin de que los tribunales jurisdiccionales pudieran
ocuparse exclusivamente de los negocios litigiosos”. 12
En América Latina se puede citar el caso de la Ley Reguladora de la Tramitación
Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria del 5 de noviembre de 1977
(Diario de Centro América del 9-XI-1977), de Guatemala, la cual atribuye competencia
a los notarios públicos para conocer específicamente de los procedimientos
de declaración de ausencia, de autorización para disponer o gravar
bienes de menores, incapaces o ausentes, de reconocimiento de preñez y de
parto, de rectificación de las actas del estado civil, de constitución del patrimonio
familiar y de adopción. Asimismo, dicha ley permite a los interesados
llevar ante notario los demás procedimientos de jurisdicción voluntaria previstos
en el Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala (art. 5o.).
21.2. Reglas generales del CPCDF
El CPCDF, siguiendo la tradición hispánica, define la jurisdicción voluntaria
en los siguientes términos: “La jurisdicción voluntaria comprende todos los
actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se
requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión
alguna entre partes determinadas” (art. 893). Se acoge ahí la definición
contenida en el art. 1811 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881. 13
11
Cfr. Medina, op. cit. supra nota 9, pp. 294 a 297, y Rascón Banda, op. cit. en la nota anterior,
pp. 144 a 154.
12
Zhivko Stalev, “El proceso civil en los estados socialistas miembros del CAME. Antecedentes,
creación, desarrollo, tendencias fundamentales y soluciones: 1900-1975”, trad. de Santiago
Oñate, en LXXV años de evolución jurídica en el mundo, vol. 3: derecho procesal, UNAM,
México, 1978, p. 179.
13
El mencionado art. 1811 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881 establecía: “Se
considerarán actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria, o se solicite
la intervención del juez sin estar empeñada, ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas
y determinadas.”