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218 Derecho procesal civil
El art. 354 del CPC del estado de Sonora sistematiza, con mejor técnica,
la regla general y las excepciones que hemos mencionado y extiende, además, la
autoridad de la cosa juzgada a “los socios con responsabilidad solidaria respecto
de la sentencia que se pronuncie contra la sociedad, condenándola al
cumplimiento de obligaciones en favor de terceros, aunque los socios no hayan
litigado”. Por último, el art. 357 del CPC del estado de Sonora prevé un
“juicio ordinario de nulidad de la cosa juzgada” que pueden promover tanto
las partes como los terceros en las hipótesis excepcionales previstas en el mismo
precepto. Cabe señalar que también la jurisprudencia de la Suprema Corte
sostiene que procede el juicio de nulidad contra la sentencia firme cuando ésta
se haya dictado en un proceso fraudulento o simulado. 64
En todo caso, el derecho fundamental derivado del art. 14 constitucional,
de no poder ser privado de un derecho sino mediante juicio en el que se cumplan
las “formalidades del procedimiento”, impide la extensión de la autoridad
de la cosa juzgada a los terceros extraños al juicio, que no se encuentren en las
salvedades mencionadas.
La persona que, siendo extraña a un juicio por no haber sido parte en él o
no haber sido llamada a él, resintiese algún perjuicio jurídico por la sentencia
pronunciada en tal juicio, puede promover un juicio de amparo para lograr la
desaplicación de la sentencia, en lo que a sus intereses jurídicos concierne.
Esta regla general, sin embargo, no debe operar en los casos excepcionales en los
que las leyes procesales prevén la extensión de la cosa juzgada a los terceros vinculados
—por causahabiencia, solidaridad, indivisibilidad, etc.— a las partes.
9.12. Condena al pago de los gastos y costas procesales
Como es sabido, el art. 17 constitucional dispone que el servicio de los tribunales
debe ser gratuito y prohíbe, por tanto, las costas judiciales. Esta prohibición
de que los tribunales cobren contribuciones por sus servicios, que en la
práctica es violada por funcionarios y empleados judiciales que piden o reciben
determinadas “retribuciones” para realizar algunos actos procesales, no
implica que constitucionalmente toda la actividad procesal deba ser gratuita.
Sólo la actividad del órgano jurisdiccional debe ser gratuita; es decir, se prohíben
las costas judiciales, que constituyen sólo una especie del género costas procesales,
64
Cfr. tesis de jurisprudencia 296 del ASJF 1917-2000, t. IV, p. 249, “NULIDAD DE JUICIO CON-
CLUIDO. SÓLO PROCEDE RESPECTO DEL PROCESO FRAUDULENTO”. Véase José Ovalle Favela, “Fraude
procesal”, en Enciclopedia jurídica mexicana, t. IV, Porrúa/UNAM, México, 2002, pp. 126 a 130.