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Medios de prueba 159
De todo documento que se presente después del periodo de ofrecimiento de
prueba debe notificarse a la otra parte y concedérsele un plazo de tres días para
que “manifieste lo que a su derecho convenga” (art. 100). La impugnación que
aquélla haga sobre la admisión del documento se decide en la sentencia definitiva
(art. 101). En todo caso, no se deben admitir documentos a las partes una
vez que haya concluido el desahogo de pruebas (art. 99 reformado en 1996).
La ejecución de esta prueba se consuma con su sola presentación. Aunque
en la audiencia de pruebas y alegatos las partes pueden explicar al juez los documentos
en que fundan sus pretensiones, y el juez puede interrogarlas sobre el
contenido de aquéllos, como no se requiere hacer constar en el acta estas explicaciones
ni las preguntas, de hecho en la práctica procesal los documentos se
“desahogan por su propia naturaleza”, es decir, con su sola presentación.
7.3.6. Objeción e impugnación de los documentos
Éste es uno de los temas más difíciles de analizar, sobre todo si se toma en
cuenta la escasa bibliografía que hay sobre el mismo, así como la diversidad de
los criterios de interpretación judicial. Sin embargo, vamos a proponer algunas
ideas que podrían servir de base para discutir este tema. Estimamos que se
puede distinguir entre la objeción del valor probatorio de los documentos y la impugnación
de su falsedad. La objeción de documentos presentados como prueba por
una de las partes se puede limitar a cuestionar sólo el alcance y la fuerza probatoria
de dichos documentos, sin discutir su autenticidad o su contenido. En
este sentido, el art. 340 del CPCDF (reformado en 1996) dispone que las
“partes sólo podrán objetar los documentos, en cuanto a su alcance y valor probatorio,
dentro de los tres días siguientes a la apertura del plazo de prueba, tratándose
de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad
podrán ser objetados en igual plazo, contado desde el día siguiente a aquel en
que surta efectos la notificación del auto que ordene su recepción”.
Esta objeción al alcance y valor probatorio de un documento, al no controvertir
la autenticidad de la firma o las firmas que lo calzan ni de su contenido,
viene a constituir un reconocimiento tácito del propio documento por parte
del objetante, si éste fue el autor del documento, de acuerdo con lo que dispone
el art. 335 del CPCDF. 20 Por ser este tipo de objeción una mera argumenta-
20
En este sentido, Mateos Alarcón afirmaba que “las objeciones que el litigante hace al contenido del
documento sin desconocer su autenticidad, importa un reconocimiento implícito de él”. Cfr. Manuel
Mateos Alarcón, Estudios sobre las pruebas en materia civil, mercantil y federal (1917), Cárdenas, México,
1971, p. 110. En igual sentido, véase la tesis de jurisprudencia 537 del ASJF 1917-1995,
t. VI, p. 384, “DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIONES QUE IMPIDEN SU PERFECCIONAMIENTO EN EL JUICIO”.