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360 Derecho procesal civil
título ejecutorio, sobre la base de un examen sumario del material documental
aportado por las partes; en caso de encontrar fundada la pretensión del demandante,
el juez dicta una sentencia definitiva ordinaria, la cual constituye
un título ejecutorio y, en caso contrario, una sentencia condenatoria con reserva,
la cual también es ejecutable, pero permite que el proceso continúe para el
examen a fondo de las excepciones y defensas que requieran una investigación
más amplia, y puede concluir confirmando o revocando la sentencia ya pronunciada,
así como la ejecución basada en ella.
La característica fundamental del proceso documental y cambiario es la
limitación de las pruebas. Como señala Schonke, los hechos en que se basa el
demandante deben ser susceptibles de prueba por documentos. 9 Liebman indica
que en Alemania este proceso se admite para los créditos de sumas de dinero
fundados sobre prueba escrita y para los créditos cambiarios, y en Italia sólo
para los créditos cambiarios. 10
Conviene mencionar también al procedimiento monitorio o de inyunción, que
tiene antecedentes históricos paralelos y características en cierta medida semejantes
a las del juicio ejecutivo. Este procedimiento, el cual se ha desarrollado
en algunos países europeos (como Alemania, Italia y Suiza) e incluso en
uno latinoamericano (Uruguay), tiene por objeto fundamental que el juez
expida, a instancia del actor y sin audiencia del demandado, una orden o
mandato de pago en la cual emplace a este último para que haga pago de lo
reclamado o formule oposición contra el mandato. Si el demandado no paga
ni formula oposición en el plazo indicado en el mandato de pago, éste se
convierte en un título ejecutorio susceptible de ejecución; pero, en caso de que
formule oposición, el mandato queda sin efecto y el actor debe acudir al proceso
de conocimiento respectivo. Este procedimiento ha sido elaborado en
relación con determinados créditos que presumiblemente no serán discutidos
por el demandado, por lo cual, a través de él, se trata de evitar las dilaciones de
un proceso ordinario. 11
El desarrollo del juicio ejecutivo fue diferente en España. Hasta hace poco
tiempo se señaló como origen del juicio ejecutivo en España una ley de Enrique
III, del 20 de mayo de 1396, expedida a petición de los comerciantes
9
Sin embargo, esta limitación no rige para los hechos referentes a los presupuestos procesales,
ni para los demás que sólo tengan relevancia procesal: cfr. Adolfo Schönke, Derecho procesal civil,
trad. de Leonardo Prieto Castro, Bosch, Barcelona, 1950, p. 336.
10
Op. cit. supra nota 3, p. 396.
11
Cfr. Chiovenda, op. cit. supra nota 5, pp. 295 a 313; y Fausto Rodríguez García, “El procedimiento
monitorio y el derecho procesal mexicano”, en Revista de la Facultad de Derecho de México,
núm. 30, abril-junio de 1958, pp. 97 a 131.