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Procedimientos de jurisdicción voluntaria 425
incapacidad haya adquirido firmeza, se procederá a nombrar y discernir el
cargo de tutor que proceda conforme a la ley (art. 905).
Como hemos visto, el procedimiento de jurisdicción voluntaria trae consigo
una privación de derechos sin previo juicio en el que se respeten las formalidades
esenciales del procedimiento, por lo que infringe la garantía de audiencia
establecida en el segundo párrafo del art. 14 constitucional. Por este motivo,
para obtener la declaración judicial de incapacidad por los supuestos previstos
en la fracc. II del art. 450 del Código Civil, el medio más apropiado es el juicio
ordinario.
La incapacidad o interdicción declarada judicialmente termina por la muerte
del incapacitado o por sentencia definitiva pronunciada en juicio, en el que se
demuestre que dejaron de existir las razones por las que se declaró la interdicción
(art. 479 del Código Civil).
Cabe señalar que el CPC del estado de Sonora regula, con mayor precisión
y extensión, un juicio especial para obtener la declaración de incapacidad o
interdicción “del demente, idiota, sordomudo, ebrio consuetudinario o habituado
al uso de drogas enervantes”, en el que la persona contra la que se pida
la interdicción puede “comparecer en el juicio y cumplir por sí todos los actos
procesales, incluidas las impugnaciones, aun cuando se (le) haya nombrado
tutor o curador” (arts. 605 y 607).
Una vez hecha la declaración de minoridad o de incapacidad conforme a
las reglas del CPCDF, el juez proveerá al nombramiento de tutor, en los términos
establecidos en el Código Civil. El tutor designado deberá manifestar si
acepta o no el cargo, expresando sus impedimentos o excusas, dentro de los
cinco días que sigan a su nombramiento. En caso de que lo acepte, deberá
otorgar las garantías señaladas en el Código Civil, y si reúne los requisitos previstos
en éste, el juez le discernirá el cargo (arts. 906 y 908 del CPCDF).
21.3.2. Autorización para vender y gravar bienes y transigir
derechos de menores, incapacitados y ausentes
A través de este procedimiento, quienes ejercen la patria potestad o la tutela
pueden obtener la autorización judicial necesaria para vender o gravar determinados
bienes pertenecientes a los menores o a los incapacitados, o transigir
sobre sus derechos. En la petición, los solicitantes deben expresar el motivo de
la enajenación o el gravamen, así como el objeto al cual debe aplicarse la suma
que se obtenga; en el procedimiento deberán acreditar “la absoluta necesidad
o la evidente utilidad” de la enajenación o el gravamen (art. 916). El procedimiento
se reduce a la solicitud y a un incidente en el cual se da participación