Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Esta consultoría plantea que la utilidad de contar con una metodología de valoración de pasivos
ambientales para una región está en servir como insumo en el dimensionamiento del problema
regional dentro de un proceso de diseño de políticas de prevención y manejo de los pasivos ambientales
con el objetivo de reducir, a un mínimo socialmente aceptable, las consecuencias adversas
sobre la población en temas como salud pública, protección frente a riesgos y convivencia
ciudadana. (subrayado fuera de texto, pag. 4)
En la definición de pasivos ambientales se hace una revisión de definiciones y acotaciones jurídicas
de Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países latinoamericanos como Perú, Bolivia y
Chile, para luego intentar construir un concepto. Concluida la revisión es interesante notar una
constante en el documento en estudio: la insistencia en que todas las actividades antrópicas generan
afectaciones ambientales (aparejada con la “aceptación social” de ellas), sin encontrarse
una especificación de las acciones que se relacionan de manera específica con la exploración, la
construcción y montaje y la explotación y operación de las actividades mineras y que se constituyen
en la base para que exista la probabilidad de configuración de pasivos ambientales. También
se deja en manos de la sociedad expresar los niveles de afectación tolerables, a pesar de que la
participación de dicha sociedad en las decisiones de licenciamiento ambiental de proyectos ha
sido recortada de manera sistemática en la reglamentación que del artículo 53 de la Ley 99 de
1993 (licenciamiento ambiental) ha hecho el Ministerio de Ambiente, incumpliendo con ello un
principio ambiental general planteado en el artículo 1º de dicha ley, cual es la participación de las
comunidades en el ordenamiento ambiental del país. Estas falencias cobran relevancia cuando las
comunidades de muchas regiones del país se expresan en el marco de la constitución y las leyes a
través de consultas populares que son ignoradas o estigmatizadas desde el gobierno central.
Los casos de estudio evaluados por el Ministerio de Minas se anexan en numerales posteriores
sin retroalimentar la conceptualización inicial, pero en dichos casos se observa un abordaje
típico de impacto ambiental y no de pasivo, lo cual no obsta para calificar las variables consideradas
como insuficientes (la geoquímica para entender la contaminación de aguas y suelos es
inexistente, por ejemplo), en particular, en cuatro temas donde los impactos son irreversibles
y permanentes, es decir, justamente en las afectaciones ambientales que de acuerdo con las
normas colombianas y con los desarrollos conceptuales pueden configurar pasivos: hidrogeología
(acuíferos y aguas subterráneas afectados por la minería subterránea o a cielo abierto),
geoquímica (transformación de rocas expuestas como botaderos o colas), remoción de suelos
y daño al paisaje (estas dos últimas afectaciones relacionadas con la minería a cielo abierto).
Crítica al concepto institucional de pasivo ambiental
Los pasivos ambientales son un tema poco tratado por la institucionalidad colombiana y la
lentitud en describirlos, acotarlos y con base en ello prevenirlos, gestionarlos o compensarlos,
está generando graves detrimentos en el patrimonio económico y natural del país.
El Minambiente inició con conceptualizaciones jurídicas en 2008 (MAVDT – Universidad de
los Andes) subsumiendo el concepto de pasivo al de riesgo así: varios de estos pasivos
representan un riesgo para la salud humana, los ecosistemas estratégicos y/o los bienes o
servicios ambientales que estos prestan.
Minería en Colombia
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