Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
lución que se sigue generando sobre el ambiente, en principio sobre las zonas aledañas a
la explotación, almacenamiento e inicio del trasporte.
La realidad resulta así confrontada con el hipotético cumplimiento de unas disposiciones
reglamentarias, que no es sustento constitucional suficiente para la continuidad, dentro
de unas circunstancias que visiblemente no satisfacen la inalienable obligación ‘del Estado
y de las personas’ de proteger la riqueza natural de la Nación (art. 8° Const., no
está en negrilla en el texto original), de una explotación económica, que por importante
y rentable que sea no justifica el deterioro ambiental.
Como se señaló, la Corte encontró violación de derechos fundamentales pese al cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la licencia ambiental. En tal virtud, el daño ambiental y social se
configura aun con la autorización estatal, superando la concepción formal de la antijuridicidad.
Así, el cumplimiento de la forma –licencia ambiental– no ampara la posible violación de otros
derechos que pueden verse involucrados, sino que son los principios y valores constitucionales los
que irradian las normas y las actuaciones administrativas y, por lo tanto, estas últimas no pueden
desconocer el diseño y los fines de la Constitución Política, especialmente tratándose de la protección
de derechos fundamentales –antijuridicidad material–. Por lo anterior, determinó la Corte
que “En la confrontación de derechos y libertades, sin lugar a dudas prevalece el reconocimiento de la
persona humana y su existencia en condiciones dignas y saludables, sin injerencias contrapuestas a
los principios inmanentes al Estado social de derecho, que coarten su indemnidad”.
Así mismo, el Tribunal Constitucional instó a la empresa y las autoridades ambientales y de
control a que se hiciera respetar el goce de los derechos individuales y colectivos afectados, y
resaltó que la seguridad jurídica de los proyectos no tiene que verse comprometida en términos
de la obligación que le asiste a estas autoridades de exigir el cumplimiento del ordenamiento
jurídico colombiano en su conjunto, aún en adición a lo establecido en la licencia ambiental:
De tal manera, cuando lo demás falla, es procedente la implementación tutelar de mecanismos
preventivos, que en el asunto bajo estudio han de amparar la situación del actor y de su
familia, y consecuencialmente de otros vecinos, al imponer los correctivos necesarios para
erradicar los efectos nocivos que, para el caso, se están produciendo por el ruido y la diseminación
de partículas de carbón, consiguiente a las actividades que realiza la sociedad accionada,
particular que está afectando el interés individualizable y a la vez colectivo al ambiente
sano (arts. 86 Const.), empresa cuya libertad no deviene restringida por el acatamiento de las
obligaciones y responsabilidades propias de su función social, que también atañe a los organismos
de control, al Ministerio del ramo y a las demás entidades ambientales competentes.
La Corte fue enfática en el papel trascendental del Principio de Precaución como criterio para
la toma de decisiones en los que puedan verse afectados intereses constitucionales superiores,
cuyo resultado siempre debe evitar poner a la población y al medio ambiente en riesgo por
cuenta del desarrollo de una actividad económica determinada, y aun cuando para el caso no
fue probada la relación directa entre la afectación de la salud de cada una de las personas que
solicitaron el amparo, sí quedaron claro los efectos nocivos del polvillo de carbón y el ruido generado
por su explotación. En tal virtud, la Corte Constitucional manifestó:
Minería en Colombia
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