Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
“… se comprende el lugar central que ocupa el derecho penal en la caracterización de un ordenamiento
jurídico y del sistema político del que es expresión. En el tratamiento penal se manifiesta
-en estado puro y de la manera más directa y conflictiva- la relación entre estado y ciudadano,
entre poder público y libertad privada, entre defensa social y derechos individuales.
El problema de la legitimación o justificación del derecho penal, consiguientemente, plantea
en su raíz la cuestión misma de la legitimidad del estado, de cuya soberanía es precisamente
el poder de castigar, que puede llegar hasta el ius vitae ac necis, la manifestación más violenta,
más seriamente lesiva de los intereses fundamentales del ciudadano y en mayor medida
susceptible de degenerar en arbitrariedad. La falta de correspondencia entre culpables,
procesados y condenados, y en particular la «cifra de la injusticia» formada por los castigos
-aun involuntarios- de inocentes, crea por otra parte complicaciones gravísimas y usualmente
ignoradas en relación con el problema de la justificación de la pena y del derecho penal. 9 ”
Dada la enorme restricción de derechos, el endurecimiento punitivo, en muchos casos, no
ofrece argumentos consistentes de política criminal que fundamenten la necesidad y utilidad
de ciertas medidas, surge generalmente como respuesta a reclamos sociales que generan
cuestionamientos mediáticos, por lo que resulta popular asumir este tipo de medidas, lo que
se conoce como populismo punitivo: “creer (y hacer creer) que el incremento de las penas es la
forma apropiada de enfrentar problemas sociales complejos” 10 .
Artículos 338 y 333 del Código Penal
Las normas penales colombianas protegen bienes jurídicos consagrados a nivel constitucional,
para este caso el ambiente sano y los recursos naturales 11 : “Artículo 79: … Todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano… Es deber del Estado proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines” (negrilla nuestra).
9 Ferrajoli, Luigi (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Prólogo de Norberto Bobbio, Editorial Trotta.
10 Uprimny Yepes, Rodrigo. La impunidad, el desespero y el populismo punitivo. http://www.dejusticia.org/
index.php?modo=interna&tema=derechos_sociales&publicacion=1039
11 Reconocidos en instrumentos internacionales como el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo
de San Salvador, ratificado por Colombia mediante la Ley 319 de 1996: “1. Toda persona tiene derecho a vivir
en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos…2. Los Estados partes promoverán la
protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”. (Negrilla nuestra). A su vez, el Principio II de
la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente dispone: “Los recursos naturales de la tierra, incluidos,
el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas
naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa
planificación u ordenación, según convenga.” .Complementariamente, el Principio 2 de la Declaración de
Río de Janeiro sobre el sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo prescribe: “De conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de
aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad
de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio
ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.”
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