Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
recursos mineros; su explotación está atada a la exclusiva racionalidad e interés propio
de las empresas privadas sin una adecuada consulta de la rentabilidad pública económica,
social y ambiental. Aún así, el Código de Minas establece que la minería es una actividad de
Utilidad Pública e Interés Social 12 .
El papel del Estado –desmedidamente en cabeza del ejecutivo nacional– se redujo a concesionar
sin mayores requisitos, a regular y a fiscalizar el desarrollo de la minería, función que
tampoco ejecutó con diligencia. Ilustra el desdén oficial el hecho de que la información minera,
ambiental y tributaria proviene exclusivamente del mismo agente privado, validada por el
Estado sin mayor verificación, ya sea por debilidad o por complacencia, y aún así se acepta y
se rotula como información oficial.
El auge de la minería por los mayores precios de los minerales en el mercado internacional a
partir del 2003 y la acelerada expedición de títulos mineros en la década pasada, no estuvieron
acompañados de una institucionalidad capaz de atender su nueva dinámica. La política, normas
e instrumentos implantados no responden de manera adecuada ni oportuna a los retos que
plantea un sistema de la complejidad y variedad de impactos y consecuencias como la minería.
Entorno institucional propicio a la generación de conflictos
La minería en diferentes escalas y con diverso carácter legal/no-legal se ha convertido en uno
de los tensores sociales y ambientales más agudo del país. En este último ámbito son de mencionar
la exploración, explotación, transporte y acopio de desechos tóxicos –mal llamado material
estéril–, como actividades que conllevan altos costos ambientales, sociales, étnicos, culturales
y económicos y que no han sido evaluados técnicamente de manera integral.
En el ámbito social sobresale con frecuencia no solamente el choque entre la minería y la vocación,
tradiciones y cultura de las zonas impactadas, sino además la reproducción de otros
impactos como la inmigración de trabajadores en busca de oportunidades, el deterioro de las
vías públicas, los mayores niveles de polución y afectaciones de salud, el aumento en los índices
de violencia, las mayores exigencias en materia de servicios públicos, la exacerbación de conflictos
entre las autoridades territoriales y nacionales, la corrupción y despilfarro de recursos,
la presencia de organizaciones armadas al margen de la ley, que, en su conjunto, terminan por
socavar la tranquilidad de amplias poblaciones.
Con el agravante de que, como ha insistido la Corte Constitucional en varias providencias sobre
desplazamiento forzado, en algunos casos la minería a gran escala hace parte de factores
subyacentes o vinculados al conflicto armado interno colombiano con especial afectación a los
pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, cuando el actuar de los grupos armados
ilegales resulta funcional a intereses económicos asociados a proyectos extractivos en territorios
donde han existido previamente violaciones a derechos humanos.
12 Artículo 13 de la Ley 685 de 2001 – Código de Minas.
36 Minería en Colombia