Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Consecuentemente, surgen interrogantes tales como ¿Qué va a pasar cuando las compañías den
por terminada su “obligación” y abandonen las antiguas áreas de explotación? ¿Quién tendrá
que asumir las consecuencias de la ausencia de una adecuada compensación de los daños?
Un ejemplo del traslapamiento de las normas mineras sobre las ambientales es el artículo 34 del
Código de Minas, en el cual se señala que para que la autoridad ambiental pueda declarar zonas
excluibles de la minería deberá hacerlo con base en estudios técnicos, sociales y ambientales
con la colaboración de la autoridad minera en aquellas zonas de interés minero.
Hasta ahora, los conceptos de la autoridad minera defienden el derecho a hacer minería apoyados en
la declaratoria de utilidad pública e interés social, incluso en zonas de enorme importancia ecosistémica,
como el páramo de Santurbán y Pisba, o en el parque natural Yaigojé-Apaporis, entre otros.
El Código de Minas traslapa aspectos de otras normativas y blinda a la minería de algunas exigencias
relativas al ambiente, el ordenamiento territorial, los derechos de comunidades étnicas
y el estatuto tributario.
Renta minera y distribución de regalías
En el ámbito económico se destacan las investigaciones realizadas por la CGR sobre la tributación
de la minería como la publicada en los volúmenes 1 y 3 de la serie Minería en Colombia, en
las que concluye que Colombia, junto con Perú y Chile, son los países en los que la participación
del Estado en la renta minera es la más baja comparada con los demás países de la región 21 . En
efecto, con base en cifras oficiales se demuestra que mientras la tasa nominal del impuesto a la
renta es del 33% en Colombia 22 , la tasa efectiva promedio resulta significativamente inferior,
cercana al 12%, como consecuencia de la diversidad de deducciones, exenciones y descuentos
que les son autorizados a través del Estatuto Tributario.
Igualmente, se muestra que en casos como el carbón, que representa el mayor componente de la
extracción minera del país, la participación del Estado en las utilidades totales, a través de impuestos
y regalías, es del orden del 50% y no entre el 69% y el 76% que arrojan los estudios contratados
a la firma Ernst & Young por el gremio de gran minería 23 . Sin contar con que, además, el Estado no
recibe directamente parte de las utilidades de esta actividad extractiva, como sí sucede en el caso de
Ecopetrol por ser una empresa eminentemente pública que compite con el sector privado.
La deducción de las regalías del impuesto de renta de las compañías es uno de los beneficios
más controvertidos y actualmente es objeto de estudio por parte del Consejo de Estado. Un
21 Rudas, G. y Espitia J. E. (2013). Participación del Estado y la Sociedad en la renta minera. En: Garay, L.
J. et al. Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza. Vol. 1. Contraloría General de la
República. Bogotá.
22 El impuesto nominal de renta bajó del 33% al 25% con la reforma tributaria de diciembre de 2012.
23 Rudas, vol. 3 y Ernst & Young (2012).
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