Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
la Ley 1382 de 2010, tras la declaratoria de exequibilidad diferida de dos años concedida por la
Corte Constitucional 18 , la autoridad minera no hizo mayor esfuerzo por reemplazar la ley mencionada
y permitió que cobrara vigencia plena la Ley 685 de 2001, con todas las consecuencias
que se han venido destacando.
Ejecutivo y legislativo se mantienen en la defensa del modelo minero, impávidos frente a múltiples
problemas denunciados 19 , en tanto que la Corte Constitucional empieza a fijar posiciones
en asuntos cruciales del modelo y la política minera del país.
A manera de ejemplo, un aspecto específico que llama la atención por su precario desarrollo normativo,
pese a su transcendencia, es el relacionado con el cierre minero. En efecto, el artículo 84 de la
Ley 685 de 2001 y el Decreto 2820 de 2010 establecen la obligación de los concesionarios mineros
de contar con un plan de cierre o de desmantelamiento y abandono desde la factibilidad misma del
proyecto, es decir, debe hacer parte del estudio de impacto ambiental (EIA) y del título minero. Sin
embargo, la autoridad ambiental exige a los titulares mineros un estudio de cierre con requisitos
mínimos e insuficientes, a solo tres meses antes de iniciarse esta fase del proyecto 20 .
En estas circunstancias, los planes presentados hasta ahora por las empresas han sido por lo general
deficientes e incompletos y la aplicación de la normativa sigue dependiendo de lo que las
compañías buenamente quieran proponer. La falta de previsión de las autoridades en esta materia
lleva a que las grandes firmas mineras dispongan únicamente de la realización de retrollenados
parciales, hidrollenados o cercamiento de los pits para proteger a las comunidades vecinas.
De esta manera, se eluden compromisos concretos sobre adecuaciones necesarias para el uso pos-minero
del suelo o se presentan propuestas generales sin una adecuada especificación de criterios técnicos,
de factores de seguridad y estabilidad de taludes, de calidad del agua y de la presencia de elementos
expuestos o liberados al medio ambiente que sean nocivos para la salud de los ciudadanos.
Por deficiencias en su fiscalización por parte de los entes oficiales responsables, actualmente se
registran varios tipos de irregularidades con respecto a las pólizas minero-ambientales, entre
ellas, que los concesionarios mineros no las hayan renovado y que los valores cubiertos sean
inciertos y por demás mínimos. Las autoridades ambientales no conocen sobre la existencia de
las pólizas minero-ambientales debido a que son constituidas a favor de la autoridad minera y
que no existe articulación entre ellas, con el agravante de que en caso de incumplimiento por
parte del concesionario de sus obligaciones sobre el cierre minero, el Estado no tiene ningún
instrumento para evitar la proliferación de pasivos huérfanos.
18 Sentencia C-366 de 2011.
19 Excepción hecha del Comité por la Defensa de Interés Público en Cerromatoso y el debate en la Comisión V
del Senado para rechazar la prórroga del contrato a esta empresa, en el que algunos congresistas reaccionaron
para intentar detener las irregularidades presentadas. Sin embargo, esta no ha sido la generalidad
de la actuación en el legislativo.
20 Decreto 2820 de 2010. Artículo 40.
Minería en Colombia
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