Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
allá de la soberanía estatal), al tiempo que el Estado se transforma en una realidad funcional a
los fines constitucionales, vinculados a la satisfacción de los intereses sociales y a la garantía
del mejoramiento de las condiciones de vida de la población. De allí que el carácter eminentemente
público de las actividades e intereses mineros no pueda disociarse, en el plano del Estado
constitucional, de la salvaguarda real y efectiva de derechos colectivos y de utilidad explicada
en la satisfacción de las necesidades sociales.
De esta manera, la propiedad estatal sobre el subsuelo y sobre los recursos naturales no renovables
implica una combinación de soberanía y de propiedad patrimonial. La soberanía implica
tanto la racionalización de la explotación de los recursos naturales no renovables, en salvaguarda
de intereses colectivos, como la obligación de garantizar mejores condiciones de calidad
de vida en los territorios, al tiempo que la propiedad patrimonial permite que el Estado obtenga
ingresos para sus propósitos redistributivos.
Al otro extremo del sistema regalista, se encuentra el modelo de accesión que si bien tiene
orígenes en el derecho romano clásico en el que las minas eran consideradas como un accesorio
del dominio sobre el suelo, es actualmente un modelo eminentemente representativo del
sistema de derecho anglosajón. Según este sistema, el dueño de un terreno, por dicha razón,
es dueño de todas las sustancias minerales subyacentes (Aramburo, 1984, p. 49). Ello obedece
a que, desde sus orígenes, este modelo presupone que todo propietario tiene el derecho
de prolongar “su poder indefinidamente hacia arriba y hacia abajo, es decir, hacia el espacio y
hacia el subsuelo” (Aramburo, 1984, p. 49).
Este sistema parte de la unidad jurídica entre suelo y subsuelo, aunque funcionalmente admite
su escisión frente a la imposibilidad técnica del propietario de poder realizar las labores de
exploración y explotación de minerales. A diferencia del denominado sistema regalista, el de
accesión es un modelo de supremacía del derecho privado en materia minera. Así, en el caso
de los Estados Unidos de América, por ejemplo, predomina el criterio de propiedad privada
para los recursos del subsuelo. De esta manera, los derechos que los particulares pueden adquirir
o ejercer sobre las minas dependen exclusivamente del derecho civil del common law,
no de un derecho público especial, porque la mina es considerada como una dependencia o
un elemento accesorio de la tierra.
Ello por cuanto el principio “qui dominus est soli, dominus est coelli et infernum” (“dueño del predio,
dueño del cielo y del infierno”), supone que la tierra o land, comprende no solamente la superficie sino
cualquier cosa adherida a ella, se encuentre ésta “en el cielo o en el infierno”, lo que figura una extensión
indefinida. De esta manera, la explotación de los recursos se realiza mediante contratos privados
de arrendamiento en virtud de los cuales, el propietario del suelo acuerda con un tercero la perforación
de la superficie del terreno para obtener los minerales que se encuentran por debajo de ella.
Dentro de la evolución jurisprudencial del modelo de accesión, es importante resaltar el surgimiento
de una “regla jurisprudencial de captura” planteada en 1889 por la Suprema Corte
de Pennsylvania en un fallo en el que se asimilaba la movilidad del petróleo crudo con la de
un ciervo que en marcha veloz transita en libertad, de propiedad en propiedad, hasta que
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