Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
que sirve para organizar y aplicar la riqueza social para que genere desarrollo económico y permite
satisfacer las necesidades de la población” (Corte Constitucional, 1993).
Lo anterior significa que los recursos naturales no renovables hacen parte de un acervo patrimonial
de carácter público, con especial énfasis en su dimensión económica, frente a la que el
Estado, como ente orgánico dotado de personalidad jurídica, adquiere un papel de garante de
su buena administración de manera que “debe velar por su utilización racional con el fin de mejorar
la calidad de vida de todos y asegurar su subsistencia futura” (Corte Constitucional, 2011).
El sentido de la propiedad estatal, entonces, no se encuentra ligado estrictamente a una
visión ius-privatista del derecho de atribución sobre las cosas, sino al concepto de función administrativa,
que según el artículo 209 de la Constitución, se encuentra “constitucionalmente
sujeta a una serie de principios, a través de los cuales se pretende garantizar el cumplimiento
Estatal de los fines para los cuales fue creado”.
En este contexto, los órganos estatales tienen la obligación de defender el patrimonio público
de manera que se debe buscar que los recursos del Estado sean administrados de manera
eficiente y responsable (Corte Constitucional, 2011a). Desde esta perspectiva, el alcance patrimonial
del dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos mineros, implica el derecho
colectivo de las y los asociados a la defensa de su uso, destinación, inversión y administración
eficiente y racional. Como sostienen Vargas Valencia y González Cortés (2013), en este caso,
“la referencia al patrimonio público alude al interés público, a los bienes y servicios destinados a
la comunidad y respecto de los cuales ésta es sujeto de derecho, de manera que la gestión eficaz
obliga no solo al incremento del patrimonio público sino al propio conocimiento de su composición,
destinación y defensa” (p. 164).
Ahora bien, adicional a lo anteriormente esbozado, el alcance patrimonial del dominio estatal
sobre el subsuelo y los recursos mineros, explica la naturaleza y dimensión de las regalías
cuyo pago el Estado está en el deber de exigir por la explotación de los recursos aquí destacados.
Según la jurisprudencia constitucional colombiana, estas regalías, que son claros ingresos
para el Estado, no son de naturaleza tributaria, sino que se generan como contraprestación
por la explotación particular del recurso cuya propiedad y reserva son públicas (Corte
Constitucional, 2002). Desde esta perspectiva, cobra relevancia la idea de universalidad o
generalidad de las regalías “en virtud del cual todas las explotaciones minerales de propiedad
del Estado dan lugar al pago de estas contraprestaciones económicas” (Procuraduría General de
la Nación citada en Corte Constitucional, 1999).
Son dos las razones de existencia de las regalías: el carácter público y por ende colectivo del recurso
que explica su sometimiento a la propiedad estatal (Corte Constitucional, 1997), y su finitud,
de manera que la explotación trae consigo la imposibilidad futura de goce del mismo por parte del
resto de la sociedad (Corte Constitucional, 2002). La Corte Constitucional (1997, 1999, 2002) ha
evolucionado respecto al alcance de las regalías, por cuanto en un primer momento manifestó que
“las regalías están representadas por aquello que el Estado recibe por conceder un derecho a explotar
los recursos naturales no renovables de los cuáles es titular” (Corte Constitucional, 1997, criterio re-
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