Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
En la reforma de la Ley 599 de 2000, norma vigente, se cambió prácticamente el contenido de
estos delitos, por medio del artículo 338, ya que desde el mismo título se incluye la expresión
“de yacimiento minero y otros materiales”, al igual que el incumplimiento de la normatividad
administrativa ambiental. En efecto, se adicionó la siguiente expresión: “explore o extraiga yacimiento
minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos
por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente”, y se
excluyeron las conductas: “explore, explote, transforme, beneficie o transporte recurso minero o
yacimiento de hidrocarburos”.
Agregó el artículo la descripción de ejecución del delito por medios capaces de causar graves daños
a los recursos naturales o al medio ambiente, aunque no se determinó a qué se refiere la gravedad
del daño. En relación con la sanción se volvió a la pena prevista en el Código de 1980.
En cuanto al artículo 338, Rojas (2013) 16 señala que la estructura típica del delito de explotación
ilícita de yacimiento minero no exige una calificación especial de quién comete el delito,
sin embargo, no todos los agentes que ejercen la minería, especialmente de oro, tienen igual
capacidad de lesión al bien jurídico protegido:
“No obstante lo anterior, no todos los actores que participan en el campo de la minería
de oro tienen igual capacidad de lesión al bien jurídico tutelado. Por la misma caracterización
de los pequeños mineros como agentes tradicionales con mínimo acceso a los
medios de producción, puede decirse que a pesar de carecer de permiso (título minero)
no tienen potencialmente ninguna incidencia de daño o contaminación individualmente
considerados, mientras que la megaminería ejercida a través de la explotación a gran escala
y con el respectivo título minero, siempre traerá consigo una destrucción del entorno
donde se ejerza. Lo anterior se evidencia en los efectos secundarios de la explotación,
tales como la diseminación de cantidades de polvo provenientes de las explotaciones de
millones de toneladas de roca, la contaminación de las aguas, tanto las utilizadas para el
tratamiento de minerales, como aquellas que se encuentran en el área y son destinadas
para el consumo doméstico y la producción de alimentos, el cambio en el curso de los ríos
y la contaminación auditiva producto de grandes explosiones de dinamita que genera
cambios en el hábitat, comportamiento alimenticio y reproductivo de los animales del
lugar, entre otros. Así, desde una perspectiva de real protección ambiental como la que
indica la Corte Constitucional, es muy poco probable que un pequeño minero pueda ser
sujeto activo de este tipo penal, mientras que quien sea responsable (con las dificultades
propias de la responsabilidad penal en el ámbito empresarial, máxime si se trata de entes
con toma de decisiones basadas en órganos de dirección plurisubjetivos) de actividades
de megaminería, en principio sería un sujeto idóneo para la comisión del delito. Ahora
bien, la mayor discusión en cuanto a la idoneidad del sujeto activo para la realización de
la conducta típica, se presentará frente a la mediana minería, en donde de acuerdo a los
medios que utilice se tendrá que dar un análisis particularizado”.
16 Rojas Escobar, Laura (2013).“¿Qué se protege realmente con la criminalización de la minería ilegal en
Colombia?”, Revista Derecho Penal contemporáneo, No. 43. Bogotá. abril-julio 2013, Editorial Legis,
pp. 149 -204 (ISSN 1692-1682).
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