Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Planeación y minería necesaria
El artículo 80 de la Carta Política establece las obligaciones del Estado en cuanto al manejo y
aprovechamiento de los RN. “El Estado planificará el manejo de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”.
Una nueva política integral minera debería orientarse a la extracción de los recursos necesarios para
el desarrollo productivo del país y la satisfacción de las necesidades de la población, sujeta al balance
integral beneficio/costo neto positivo de todo proyecto extractivo. La planeación debería, por lo
tanto, encaminarse a sincronizar las necesidades nacionales con la extracción de los RNNR.
Determinar qué minerales y qué volúmenes son requeridos es un ejercicio de planeación sin antecedentes
a pesar de que la Carta Política obliga al Estado a racionalizar la actividad, dosificar
la producción, planear su uso y aprovechamiento, prorrogar la vida útil de los yacimientos y
velar por los derechos intra e inter-generacionales.
En ese proceso de planeación, ha de definirse la conveniencia de enfocar una determinante
proporción de la extracción de RNNR a la satisfacción del mercado local, y otro remanente a la
exportación, a lo largo de la vida de cada uno de los proyectos mineros susceptibles de ser aprobados
por su balance integral positivo y su viabilidad acorde con el ordenamiento ambiental y
territorial (como se plantea en el siguiente apartado).
¿Cómo calcular los montos a producir en un esquema de minería necesaria?
Elaborando matrices de oferta/demanda inter-temporales, a nivel mineral individual, que registren
los montos previsibles de producción y reservas de las minas tanto en operación como
proyectadas, y cuantifiquen tanto las necesidades estimadas del respectivo mineral por parte de
la población y de la economía, como la proporción de la producción destinable a la exportación
(en consulta con el balance integral).
De su balance se desprenden las decisiones de licenciamiento minero o moratoria, teniendo
en cuenta siempre las características de los proyectos, periodos de exploración y explotación,
ubicación de los centros de consumo, precios que reconozcan el agotamiento de los RNNR y que
permitan internalizar los costos ambientales y sociales implícitos en su extracción.
Ahora bien, dado el amplio conjunto de beneficios tributarios concedidos a las empresas mineras
en Colombia, si se eliminara una buena parte de ellos generaría importantes ingresos
fiscales y de regalías a favor del Estado sin necesidad de tener que reducir correlativamente el
patrimonio natural y sin agravar los conflictos del actual modelo. De esta forma, se ganaría un
espacio para introducir la nueva política integral minera, enfocada a la extracción planeada de
los minerales necesarios, con la participación activa del Estado y replicando algunos instrumentos
de la política petrolera vigente en el país.
56 Minería en Colombia