Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
incluye aspectos socioculturales– y una acción articulada del Estado, no solo de las autoridades
ambientales. En este contexto, se nota la ausencia de los entes territoriales, de las autoridades
sanitarias, de los ministerios del Interior y Cultura, de la Procuraduría General de la Nación y de
la Defensoría del Pueblo.
Otro aspecto relevante es la ausencia de personal e idoneidad de muchos de los funcionarios y
contratistas de las autoridades ambientales que tienen a su cargo el proceso de evaluación y
seguimiento de las licencias, incluso, en algunos casos, un solo profesional realiza la evaluación
de todos los componentes del estudio de impacto ambiental. Así mismo, no se cuenta con los
equipos y la tecnología para evaluar determinada información o se desconoce la existencia de
ecosistemas estratégicos, cartografía, los instrumentos de planificación como POT, POMCAS,
áreas protegidas, áreas de reserva forestal, etc.
La falta de mecanismos adecuados de cierre, terminación y desmantelamiento de los proyectos,
es otro asunto de suma importancia, por cuanto una gestión ineficiente al respecto permite la
generación de daño ambiental y, consecuentemente, de pasivos ambientales. A esto se suma
que no existe un régimen de responsabilidad clara y contundente que obligue a los generadores
de los pasivos a que restauren o recuperen el área afectada.
A esto debe sumarse que en materia minera, si bien el Código de Minas dispone que al celebrarse
el contrato de concesión debe constituirse una garantía de cumplimiento, con la cual quedarán
aseguradas además de las obligaciones mineras, las de carácter ambiental 64 , esto no se cumple,
por las siguientes razones:
64 Ley 685 de 2001 – Código de Minas- Artículo 202. Garantía. Al celebrarse el contrato de concesión y
constituirse la garantía de cumplimiento, con esta quedarán aseguradas, además de las obligaciones
mineras las de carácter ambiental.
Artículo 209. Obligaciones en el caso de terminación. En todos los casos de terminación del título, el beneficiario
estará obligado a hacer las obras y poner en práctica todas las medidas ambientales necesarias
para el cierre o abandono de las operaciones y frentes de trabajo. Para el efecto se le exigirá la extensión
de la garantía ambiental por tres (3) años más a partir de la fecha de terminación del contrato.
Artículo 280. Póliza minero-ambiental. Al celebrarse el contrato de concesión minera el interesado
deberá constituir una póliza de garantía de cumplimiento, que ampare el cumplimiento de las obligaciones
mineras y ambientales, el pago de las multas y la caducidad. En el evento en que la póliza se haga
efectiva, subsistirá la obligación de reponer dicha garantía.
El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios:
a) Para la etapa de exploración, un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en exploración
para la respectiva anualidad;
b) Para la etapa de construcción y montaje el 5% de la inversión anual por dicho concepto;
c) Para la etapa de explotación equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el volumen de producción
anual estimado del mineral objeto de la concesión, por el precio en boca de mina del referido
mineral fijado anualmente por el Gobierno.
Dicha póliza, que habrá de ser aprobada por la autoridad concedente, deberá mantenerse vigente durante
la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres (3) años más. El monto asegurado deberá
siempre corresponder a los porcentajes establecidos en el presente artículo.
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