Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso” y a que se
dé cumplimiento al proceso de consulta previa con comunidades indígenas y negras tradicionales.
Lo anterior significa que las comunidades no cuentan con un mecanismo de validación real sobre
la información socioeconómica que se incorpora en el Estudio de Impacto Ambiental, como
tampoco con un medio idóneo que les permita acceder al trámite que se surte en la autoridad
ambiental y manifestarse en torno al proyecto, salvo la celebración de audiencias públicas 69 ,
que es una instancia informativa y no de decisión, de manera tal que las comunidades afectadas
por los proyectos no tienen incidencia real en las decisiones sobre el desarrollo de los mismos.
Esto pone de presente que la participación ciudadana es una de las instancias más debilitadas
en el licenciamiento ambiental. De un lado, se encuentran las comunidades étnicas quienes
tienen el derecho fundamental a la consulta previa, pero que en la práctica solo resulta efectivo
por la utilización de la acción de tutela como se evidenció en los capítulos 6 70 y 7 71 del volumen
Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos, publicado por la Contraloría
General de la República. Por otra parte, las comunidades rurales se encuentran marginadas
de procesos de consulta, o al menos una en que sus particularidades campesinas sean
consideradas como variables en la decisión de otorgar o no la licencia ambiental.
Debe señalarse que para que el derecho a la participación esté garantizado, se requiere acceso
a información pública clara y suficiente, de tal manera que las personas acepten el proyecto de
manera libre e informada, sin que el Estado se imponga y desconozca sus proyectos de vida y
derechos. En tal virtud, el Principio 10 de la Declaración Mundial sobre el Medio Ambiente, realizada
en Río de Janeiro (1992) establece:
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan
las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que
encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos
de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización
y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos
el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
69 Conforme el artículo 72 de Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de 2007 se requiere que cien personas, 3 ONG,
los alcaldes, gobernadores, etc, soliciten la convocatoria de una audiencia pública, la cual solamente
procede para el otorgamiento, modificación o cancelación de las licencias, permisos y planes de manejo
ambiental y en todo caso, no son instancia de decisión.
70 Vargas, F. (2013). Extracción minera y consulta previa a pueblos indígenas y tribales: compilación y análisis
de estándares internacionales. En Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas
y conflictos. Contraloría General de la República. Bogotá.
71 Negrete, R. (2013). Consulta previa: Consideraciones constitucionales – perspectiva nacional. En Minería
en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Contraloría General de la
República. Bogotá.
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