Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Como se expresó, el primer decreto reglamentario de la Ley 99 de 1993 en materia de licencias
ambientales, fue el Decreto 1753 de 1994, donde de manera integral se incluyeron las actividades
sujetas a la obtención previa del referido instrumento. No obstante, a partir del año 1995 el
gobierno nacional dio inicio a un proceso sistemático tendiente a excluir del régimen de licencias
ambientales proyectos que inicialmente requerían de dicha autorización; a suprimir pasos (licencia
con permisos implícitos) y disminuir los términos, el alcance y rigor de la evaluación ambiental.
En ese contexto, se debe señalar que la modificación al régimen de licencias no solo se ha presentado
en el ámbito de los decretos reglamentarios de la Ley 99 de 1993, sino de la misma ley,
tal como se efectuó en los decretos ley 2150 de 1995, 1122 de 1999 y 266 de 2000 y, de manera
particular, para minería en la Ley 685 de 2001 –Código de Minas– y en la Ley 1450 de 2011.
Así mismo, a pesar de la jerarquía que existe entre las normas, se ha evidenciado que mediante
los reglamentos de la Ley 99 de 1993 se ha modificado el listado previsto en el artículo 52 de la
citada norma. Así, por ejemplo, encontramos los siguientes casos.
Según el artículo 52 de la Ley 99 de 1993, requieren de la obtención de licencia ambiental:
1. Ejecución de obras y actividades de exploración, explotación, transporte, conducción y
depósito de hidrocarburos, y construcción de refinerías.
2. Ejecución de proyectos de gran minería.
(…)
6. Ejecución de obras públicas de las redes vial, fluvial y ferroviaria nacionales.
No obstante, en el reglamento (Decreto 2820 de 2010) las actividades de exploración de hidrocarburos
que conforme a la Ley 99 de 1993 requieren de la obtención previa de licencia ambiental,
fueron clasificadas en:
• Exploración sísmica, siempre y cuando requieran la construcción de vías para el tránsito
vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio
nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 200 metros.
• Perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos existentes,
de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario.
Es decir, que se deslicenció mediante un decreto reglamentario la sísmica que no requiera de la
apertura de vías y la sísmica marina en profundidades superiores a 200 metros.
De igual forma, no es comprensible como amparados en una licencia ambiental se puedan efectuar
obras públicas y privadas que ocasionan un daño evidente al ambiente, el cual no es recuperable
ni es factible compensar, como ocurre con la “Rectificación de cauces, cierre de brazos,
meandros y madreviejas” o “Desviación de cauces en la red fluvial”, como ha ocurrido con varios
ríos, caños y quebradas (San Antonio, Sororia, Noliza, Tigre, Canime, Bautista) en el Departamento
del Cesar, el río Tunjuelo en el Distrito Capital o se pretende hacer con el río Ranchería
para el desarrollo de actividades extractivas de carbón, en el departamento de La Guajira, el
Minería en Colombia
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