Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Se inicia con el análisis normativo, formulando algunos interrogantes que buscan contribuir a
un debate crítico y constructivo. Posteriormente se exponen normas de rango legal, particularmente
la legislación penal y administrativa, junto con la reforma que cursa en el Congreso
de la República de Colombia.
Posteriormente, se definen aspectos generales (como estructura, funcionamiento y acciones) de las
entidades encargadas del tema, en especial la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Delitos
contra el Medio Ambiente (UNMA), así como el papel de la Policía Nacional en la ejecución de
operativos en el marco de los artículos estudiados. Finalmente, se presentan algunas conclusiones.
Análisis Normativo
El derecho se caracteriza por su poder coercitivo, que busca el cumplimiento de las reglas en
una estructura estatal determinada:
“…es un sistema complejo, compuesto básicamente de reglas sobre la planificación, la
organización y la aplicación de la fuerza, cuya expresión o manifestación se materializa
por medio del discurso elaborado por los poderes estatales. En este contexto en el cual
puede verificarse la afirmación cuyo enunciado sostiene que esta programación del ejercicio
del poder, racionalmente planificada, que realiza el derecho, puede ser conceptuada
como la razón de la fuerza. ¿Razón de la fuerza? Sí, razón de la fuerza. Que quiere significar
sencillamente, que el derecho muestra o pretende mostrar cómo sus reglas organizan
y programan el ejercicio que el poder estatal decide llevar a cabo 5 .”
En este sentido, las políticas públicas contenidas en disposiciones normativas son manifestaciones
del poder del Estado, que para nuestro caso, debe cumplir ciertos fines esenciales, entre otros:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo; fines que deben reflejarse en disposiciones jurídicas claras, para que los
operadores jurídicos, administrativos o judiciales, manejen un lenguaje común y vinculante, que
materialice esos cometidos esenciales. De lo contrario, la contradicción afectaría la eficacia que
pretende la norma, desconociendo las obligaciones estatales. Entonces: ¿Es el mismo lenguaje
normativo el que maneja quien formula la política pública y el ejecutor final de la misma? ¿Qué se
entiende por minería ilegal en materia penal y qué en términos de la legislación administrativa?
La minería ha generado en las últimas décadas un creciente interés estatal, lo que se refleja
en la expedición de diferentes normas, así como en las propuestas gubernamentales contenidas
en el Plan Nacional de Desarrollo y su reglamentación. Esta estructura de normas se
caracteriza por una producción importante de textos legales, administrativos y penales 6 .
5 Ferreyra, Raúl Gustavo. El Derecho, La razón de la Fuerza. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones
Jurídicas UNAM. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/contex/cont/1/cnt/cnt6.pdf
6 Se han expedido leyes, decretos, resoluciones, y actualmente se encuentra en curso la reforma de diferentes
Códigos, como se evidencia a través del presente texto.
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