Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
“Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal”. En dicha Decisión se definió la minería ilegal
como la “actividad minera ejercida por persona natural o jurídica, o grupo de personas, sin contar
con las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas nacionales”.
Igualmente se señaló que: “Los países miembros se encuentran facultados para decomisar e incautar,
inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e
insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual los Gobiernos reglamentarán la oportunidad y
el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas”.
El Decreto 2235 de 2012 también se fundamentó tanto en el artículo 206 del Código de Minas
por medio del cual se exige la licencia ambiental como requisito para la explotación de minerales,
como en la Sentencia C-137 de 1996 de la Corte Constitucional, puntualmente en el siguiente
texto del pronunciamiento:
“Las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos
internos de los países miembros del tratado de integración, que no se derivan del
común de las normas de derecho internacional. Por una parte, esta legislación tiene un
efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente
a sus jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta
regule algún asunto sometido a su conocimiento. En segundo lugar, la legislación expedida
por el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas
nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma
supranacional desplaza (que no deroga)… a la norma nacional”.
Es importante destacar que este fragmento de la Sentencia C-137/96 corresponde al proceso
de revisión de la Ley 208 de 1995, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Estatuto del Centro
Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología’ hecho en Madrid el 13 de septiembre de
1983”, específicamente al análisis de constitucionalidad del Artículo 6, numeral 2, literal e),
y artículo 14 de la Ley: patentes y reglamentación en materia de propiedad intelectual de la
Ley, frente al cual afirmó la Corte:
“La transferencia de facultades legislativas sólo puede realizarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 150-16 y 227 de la Carta, a órganos de integración supranacional,
y no simplemente, a centros internacionales, cualquiera sea su naturaleza
y las funciones encomendadas. Cláusulas abiertas, en cuya virtud se delega a un
órgano de gobierno de un Centro Internacional, la facultad integral de legislar en
materias concedidas por el Constituyente al Congreso de la República y que revisten,
como se demostró en la parte preliminar de este estudio, un marcado interés
nacional, pugnan con la noción de soberanía nacional y deben, por lo tanto, ser
rechazadas por inconstitucionales. La regulación del régimen de propiedad industrial
e intelectual en materia de recursos genéticos corresponde, por expreso
mandato del artículo 81 de la Carta, al Estado Colombiano, bien a través de leyes
ora mediante tratados internacionales que, en forma clara y expresa, diseñen las
políticas que a este respecto habrán de aplicarse en territorio nacional. Incluso
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