Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
El silencio administrativo positivo en materia de la construcción de obras públicas,
acarrea como consecuencia que la norma que impone al Estado el deber de prevenir y
controlar el deterioro ambiental, pierda efectividad. La entidad promotora o constructora
podría desatender las directrices trazadas por la autoridad ambiental, potenciar
los riesgos de impacto negativo sobre el ecosistema o presentar planes de manejo ambiental
inadecuados o insuficientes, sin que el Estado, debido a la sanción por su ineficacia
(silencio administrativo positivo), pueda ejercer sus deberes constitucionales”
(negrillas fuera de texto).
En conclusión, el mecanismo del silencio administrativo positivo diseñado por el legislador
para asegurar la continuidad del progreso y el acceso de todos a los beneficios del
desarrollo, debilita en este caso particular el carácter imperativo de los deberes del Estado
de proteger el ambiente sano y los recursos naturales (C.P. arts. 78, 79 y 80). Pero
además, resulta paradójico para la Corte, que la ineficacia del Estado, consistente en la
omisión en pronunciarse sobre la solicitud de una licencia ambiental, termine sancionada
con mayor ineficacia, relevando a las autoridades de su deber constitucional de prevenir
y controlar el deterioro ambiental, por lo que la aplicación del silencio administrativo
positivo en estas condiciones, es inexequible, al desconocer los mandatos de los artículos
2, 8o., 79 y 80 de la Carta Política.
Por lo anterior, se declarará exequible el artículo 38 del Decreto 350 de 1999, salvo la
expresión “Vencido este término se entenderá que la decisión es positiva”, la cual se
declarara inexequible. (Subrayado fuera de texto).
A pesar de la claridad y contundencia de lo expuesto por la Corte Constitucional, existen casos
en los que mediante la licencia ambiental se ha subvertido el orden constitucional, de manera
tal que el instrumento que debería garantizar los fines esenciales del Estado y los derechos fundamentales
de los colombianos -un orden social justo- se ha convertido en un instrumento para
amparar daños ambientales y sociales.
Una evidente muestra del desconocimiento que se presenta, tanto por el Estado como por los
particulares en relación con el régimen de licencias ambientales y su necesaria articulación con
el ordenamiento ambiental y dentro de este, la declaratoria de áreas protegidas, concretamente
de las áreas que conforman el sistema de parques nacionales naturales, dentro de los cuales
se encuentra el PNN Tayrona, donde solamente se pueden realizar las actividades que están expresamente
permitidas en la norma, en este caso el Decreto ley 2811 de 1974, el Decreto 622 de
1977 y el plan de manejo adoptado para cada área, se presentan con el proyecto de construcción
de cabañas Los Ciruelos en Bahía Concha, que cuentan con licencia ambiental -hoy suspendiday
que fue otorgada en su momento por el Ministerio de Ambiente.
Está claro, que ni ahora ni antes, resulta factible autorizar –mediante una licencia ambiental, ni mediante
ningún otro mecanismo- actividades prohibidas en los Parques Nacionales Naturales. En este
caso, la construcción de las referidas cabañas incluye la realización de actividades prohibidas en el
parque, como son la tala, la excavación, la generación de residuos sólidos y líquidos (vertimientos) y
de fondo la construcción de hoteles, actividades estas expresamente prohibidas en el Decreto 622 de
1977. Esto lo reiteró la Corte Constitucional recientemente, a través de la Sentencia C-746 de 2012.
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