Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
No obstante las obligaciones impuestas desde la Corte Constitucional, las leyes y de manera particular
las modificaciones al Código de Minas, van gravemente rezagadas, con el agravante de que
un documento que se constituye en la base para la conceptualización de la institucionalidad plantee
la instrumentalización de una visión marcadamente desarrollista sin una adecuada conceptualización
del riesgo, es decir, del pasivo en función de los daños en la salud pública o del riesgo
de pérdida de vidas humanas. Quizá, como mejor ilustración del carácter del documento, se puede
apreciar un marco de referencia filosófico para los abordajes jurídicos del documento de Econometría-MME,
tomado de la publicación “El daño ambiental. Hacia una reflexión desde la filosofía y el
derecho ambiental” (Macias , 2007 141 ), donde se consigna de manera literal lo siguiente:
“es indudable que deben existir unos efectos nocivos o impactos ambientales tolerables por
la sociedad, así no lo sean por el medio natural, puesto que al contrario sería que la sociedad
quedara sometida a las leyes naturales y con ello se perdería todo el proceso de desprendimiento
del hombre de la naturaleza y la modernidad se vería cuestionada en nombre del sometimiento
a esa naturaleza. Los hombres, en cuanto humanos, es decir no como especie,
contaminarían, pues siempre producirían un efecto que rompería el equilibrio de la naturaleza.
Esto significaría que las sociedades estarían sometidas a las leyes naturales y no a las leyes
humanas. La justicia humana daría paso a la justicia natural” (subrayados fuera de texto).
Estos supuestos son contrarios a los planteamientos de la Corte Constitucional ya consignados
y se constituyen en posturas extremas que desconocen que los seres humanos (no sólo “los
hombres”) hacen parte integral y dependen de las relaciones geo y ecosistémicas, y que acuden
a planteamientos extremos sobre el “sometimiento” de las leyes naturales a las humanas cuanto
menos discutibles cuando la humanidad se está planteando el dilema de aceptar cambios del
paradigma vigente o someterse a cambios globales extremos que puedan afectar seriamente a
la civilización humana tal como se ha construido.
De nuevo, la Sentencia C339 de 2002 de la Corte Constitucional enmarca en un imperativo ético
la obligación de construir nuevos paradigmas, los cuales no son reconocidos en un documento
que puede constituir el soporte técnico-jurídico para normativizar los pasivos ambientales:
Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos
junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte
un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y
jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre
como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, el sistema
productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo
sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra
además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333
y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad
y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la
141 Macías, L. (2007). El daño ambiental. Hacia una reflexión desde la filosofía y el derecho ambiental. En:
Autores Varios. El daño ambiental. Universidad Externado de Colombia.
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