Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
autoridades territoriales y de las comunidades para decidir sobre sus regiones. Se trata de un
reclamo legítimo en la medida que se ampara en derechos e instrumentos constitucionales,
y refleja el rechazo a decisiones inconsultas del gobierno central que terminan afectando los
territorios y la vida de las comunidades.
Es preciso recordar que la Corte Constitucional ha indicado que la propiedad estatal del subsuelo
y de los RNNR compromete el respeto por la autonomía de los entes territoriales, y en especial del
municipio como núcleo básico de la organización republicana, y la coordinación Nación-territorio
que lleva implícitos los principios de corresponsabilidad, complementariedad y subsidiariedad en
el manejo de recursos y en la toma de decisiones nacionales con impactos territoriales.
Por otro lado, es importante resaltar el alcance jurisprudencial de la utilidad pública según el
cual los impactos de utilidad de las actividades extractivas deben verse reflejados en el mejoramiento
de las condiciones de vida de las poblaciones, con especial prioridad y énfasis en las
afectadas directamente por la explotación.
¿Podrían estos acuerdos hacer parte de la llamada licencia social, es decir, de los acuerdos entre
la Nación y las entidades territoriales para que se pueda adelantar minería en las zonas de interés
extractivo? La Corte dio un paso muy importante y en esa línea se propone:
• La licencia social para el desarrollo de actividades extractivas en los territorios ha de concebirse
como una expresión de autonomía reconocida por la Carta Política en favor de las
autoridades locales y las comunidades organizadas.
• La instancia de evaluación integral y los ministerios competentes deben proceder a reglamentar
la licencia ambiental y materializarla dentro del proceso de licenciamiento de los
proyectos de minería necesaria.
• Una vez la instancia de evaluación integral apruebe la ejecución de los proyectos, son las
comunidades potencialmente impactadas quienes tendrán un papel protagónico en la fiscalización
y seguimiento de los acuerdos sociales. Estos acuerdos deben hacer parte de los
contratos de las compañías mineras, cuyo incumplimiento debe se causal de terminación de
los mismos, y deben comprender programas que compensen los impactos de la operación
extractiva y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y no simplemente a
responder a intereses reputacionales o mediáticos.
• Las compañías interesadas en ejecutar proyectos mineros en el país deben profundizar en
el conocimiento socio-económico de la zona de influencia de sus operaciones, al generarse
externalidades socio-económicas positivas y negativas, y el gobierno nacional debe ajustar
en concordancia los términos de referencia.
Debe anotarse que los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de las compañías
son voluntarios, que deben ejecutarse con recursos propios de las compañías no deducibles de
los impuestos que deben pagar al fisco nacional, y que no se deben confundir con los programas
sociales de obligatorio cumplimiento incluidos en la licencia social.
70 Minería en Colombia