Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Institucionalidad para la evaluación integral minera
Una nueva política deberá garantizar el análisis integral de la totalidad de los costos y beneficios
asociados a un proyecto minero, y con base en este análisis aprobarlo o rechazarlo, lográndose
con ello:
a) Sustentar integralmente su conveniencia para la Nación; b) resolver integralmente y no de
manera fragmentada por parte del Estado la solicitud de un tercero, público o privado, para
adelantar cualquier proyecto minero; c) minimizar los conflictos generados por el actual modelo
minero y reducir las amenazas de demanda por parte de compañías mineras que se aprovechan
de la fragmentación, para alegar, por ejemplo, supuestos derechos plenos adquiridos con los
títulos mineros; y d) garantizar el desarrollo minero en línea con una visión de futuro armónico
con los intereses generales del país.
Para revertir la fragmentación del Estado será necesario constituir una institucionalidad integral
capaz de evaluar comprensiva y coherentemente los impactos distintivos de un sistema
complejo como la minería.
En la práctica significaría que los principios y criterios para decidir sobre la conveniencia de un
proyecto de minería necesaria han de ser fijados en una instancia de evaluación más allá del
ejecutivo nacional, de carácter eminentemente estatal, con la participación de las autoridades
territoriales, agentes legítimos de comunidades y organizaciones sociales, con potestad de
fiscalizar y revisar oportunamente los proyectos mineros, o incluso de tomar directamente la
decisión en aquellos casos de importancia excepcional a nivel macro o de controversia pública
de especial trascendencia, más allá de las propias regiones afectadas.
Con el objeto de equilibrar el centralismo con la autonomía territorial y hacer efectivos los derechos
de las comunidades étnicas, colonos y campesinos, en dicha instancia deberían concurrir
las voces de los gobiernos central, regional y local y las de otros agentes sociales de los territorios
que potencialmente puedan verse impactados o comprometidos por proyectos mineros a
desarrollarse en su territorio, así como la de representantes de la academia, por ejemplo. Sólo
con ánimo propositivo, se exponen a continuación algunas de las funciones que podría tener
esa institucionalidad.
Funciones de la institucionalidad para la evaluación integral
• Apoyar al gobierno nacional en la formulación de una política integral minera desde una perspectiva
compleja para el desarrollo de la minería necesaria en el país y en los ajustes que deban
introducirse en las normativas de los sistemas conexos –ambiental, ordenamiento territorial,
tributario, étnico, cultural, etc– para que el sistema en su conjunto sea coherente y armónico.
• A partir del ordenamiento ambiental del país, de su armonización con los instrumentos locales
de ordenamiento territorial y el mapa de la riqueza minera, definir los territorios aptos
para el desarrollo de proyectos de minería necesaria.
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