Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Igualmente, resulta importante adelantar que tanto la Constitución Política de Colombia como
el artículo 15 de la Ley 685 de 2011 comparten la circunstancia de entender el subsuelo en un
sentido que podría denominarse lato,para diferenciarlo de los recursos naturales no renovables
contenidos en éste, con base en una visión disociativa de carácter económico. Como se verá en
este capítulo, en el contexto de la Constitución de 1991 ello tiene un sentido vinculado al modelo
que entiende el dominio estatal del subsuelo como una expresión de la soberanía pública.
En el presente texto, la disociación subsuelo-recursos naturales no renovables es estrictamente
metodológica, por cuanto permite advertir los alcances e inconsistencias constitucionales de
distintas posturas que con base en una visión antropocéntrico-consumista de los recursos naturales,
propenden en Colombia por defender a ultranza la apropiación privada de los minerales
extraídos de su habitáculo natural.
Con base en lo anterior, cuando se hace referencia en este capítulo a recursos mineros, se alude
a recursos naturales escasos y agotables de los que se obtienen sustancias minerales utilizadas
en procesos industriales y energéticos, directamente o mediante una preparación en función de
sus propiedades físicas y químicas. También se hace referencia a yacimientos y minas para hacer
alusión, en el primer caso, a “masas homogéneas e individualizables de sustancias inorgánicas”
que a medida que se van explotando se van destruyendo, y, en el segundo, a “yacimientos trabajados
por el hombre” (Caputo, 2007, p. 159).
Descripción esquemática de los principales modelos de atribución
Desde la segunda mitad del siglo XX, la doctrina jurídica ha coincidido en la existencia de dos
modelos de atribución del dominio sobre el subsuelo y los recursos mineros, ambos asociados,
en principio, a los dos sistemas jurídicos dominantes en el mundo occidental: el modelo continental
europeo y el sistema de common law o anglo-sajón. Autores como Sarria (1960) y Arce Rojas
(1994), coinciden en señalar que existen, respectivamente, el sistema dominical o regalista,
por un lado, y el modelo de la accesión, por el otro. Sin embargo, otros autores como Aramburo
(1984) y Vergara Blanco (2012) presentan e incluso dan preponderancia a un “tercer” sistema
que puede considerarse de ocupación, “res nullius” o liberalismo minero.
El primero de ellos parte del supuesto jurídico de la “marcada diferencia que existe entre el suelo
y el subsuelo” (Sarria, 1960, p. 25). La desvinculación del suelo y del subsuelo, en este caso,
implica la definición de lo que Sarria denomina “una doble propiedad inmueble” (p. 25). A su
vez, la diferencia destacada presupone la propiedad privada del suelo por parte de su legítimo
titular y la propiedad o dominio estatal del subsuelo, lo que “conlleva la obligación de pagar al
soberano, representante del Estado, la regalía” (Sarria, 1960, p. 29), entendida ésta, como se
verá más adelante, como una contraprestación que debe obtener el Estado por el desgaste o
desvalorización del capital natural público.
Este modelo, característico de las legislaciones asociadas al sistema jurídico continental europeo
(lo que incluye, como es obvio, a las repúblicas previamente colonizadas por imperios como
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