Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
En Colombia se ha evidenciado que, a pesar de existir un régimen constitucional que establece
una serie de principios y mandatos en cabeza del Estado y que están dirigidos a garantizar el
cumplimiento de sus fines esenciales y los derechos fundamentales de los colombianos, en gran
medida estas disposiciones no se cumplen. Se ha subvertido, entonces, el orden constitucional
a través de leyes, decretos y otras disposiciones que flexibilizan el mandato superior, y que privilegian
cierto tipo de actividades particulares y concretas sobre el interés general.
Es así como el deber ser del Estado colombiano, plasmado en la Carta Política, se ha permeado
con concepciones de modelos estatales contradictorios, y que han terminado por imponerse de
facto a través de la distorsión de las consecutivas regulaciones normativas y decisiones particulares
alejadas de los principios que deben guiar la actuación pública del país.
Muestra de lo anterior, es que algunas actividades extractivas e impactantes desde lo ambiental,
social y económico, se encuentran revestidas de un aparente marco de legalidad –especialmente
con las licencias ambientales– no obstante se desarrollan en el territorio destruyendo el
entorno natural y vulnerando derechos fundamentales de los habitantes, tal como lo evidenció
la Corte Constitucional en la Sentencia T-154 de 2013, de la que nos ocuparemos más adelante.
En Colombia, la licencia ambiental se ha constituido en el instrumento por excelencia mediante el cual
se autoriza el desarrollo de las más importantes actividades sectoriales-hidrocarburos, minería, generación
eléctrica, vías, puertos, aeropuertos, rellenos sanitarios, etc. Además, en gran medida, ha modificado
las reglas de juego de la planificación estatal y del ordenamiento territorial 6 , a la luz de lo cual
surgen interrogantes sobre su alcance y finalidad, especialmente en lo que se refiere a la evaluación de
los impactos ambientales, sociales y económicos que se debe surtir dentro de dicho proceso.
Esta situación lleva a la necesidad de analizar este instrumento frente a las disposiciones del
ordenamiento jurídico ambiental y los desarrollos jurisprudenciales en su conjunto, así como la
evaluación del impacto ambiental y la participación de la ciudadanía en este proceso.
De igual forma, se hará un análisis comparativo con las situaciones que en materia de desarrollos
normativos sobre la minería se presentan en varios países –especialmente de Latinoamérica–, de
manera tal que contemos con un marco referencial al respecto.
Principios básicos
Los instrumentos de gestión ambiental tienen como finalidad la planificación de los recursos
naturales, garantizar su conservación 7 y las condiciones medio ambientales dignas para las
6 Negrete, R. E. (2013). Derechos, minería y conflictos. Aspectos normativos. En Minería en Colombia: Derechos,
Políticas Públicas y Gobernanza. Contraloría General de la República de Colombia. Bogotá. Pág.
51. En http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/182119332/Libro_mineria_sep3_2013.
pdf/65bf77a0-8b0b-430a-9726-dad0e72639c6.
7 De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobado por Colombia mediante la ley 165 de
1994, dentro de las estrategias de conservación se incluye el uso sostenible.
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