Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
• Establecer mecanismos para ampliar la renta minera aprobando derechos de participación
en la producción minera 57 , y obligando a las mineras a compartir las ganancias por precios
extraordinarios en el mercado 58 .
• Ordenar a las compañías mineras a liquidar el impuesto de renta y las regalías en función del precio
de venta de los minerales al consumidor final y no sobre la base de los precios de transferencia.
• Fiscalizar y disponer de mecanismos propios de verificación de la actividad minera para que
sean las mismas autoridades competentes las que liquiden directamente las regalías mineras.
• Eliminar los estímulos tributarios para la generación de empleo en sectores intensivos en
capital y de baja oferta relativa de puestos de trabajo.
• Reestablecer el impuesto a la remesa de utilidades y prohibir las cesiones de derechos mineros
en el exterior o en paraísos fiscales.
• No autorizar zonas francas para la construcción de instalaciones mineras conexas a la explotación
de los RNNR y puertos.
• Garantizar que las empresas mineras internalicen los costos sociales, ambientales y de
salud pública.
• Asegurar que empresas mineras, como Mineros S.A., paguen las regalías del oro de sus reconocimientos
de propiedad privada (RPP), a la tarifa aprobada en la Ley 141 de 1994 (4%), y
no al 0,4% con que se privilegió su operación en la Ley 685 de 2001.
• Realizar un análisis de los beneficios globales por la aplicación conjunta y simultánea de
deducciones y exenciones enumeradas 59 .
Sin duda, habrá compañías a las cuales les pueda convenir adelantar proyectos sin tan elevados
beneficios tributarios en el país.
Como se dijo antes, el artículo 360 de la Constitución Nacional señala que las regalías constituyen
una contraprestación económica en favor del Estado por la explotación de los recursos naturales no
renovables ubicados en el territorio nacional. En este sentido, la regalía no es un costo económico
más como el de adquirir un insumo elaborado corriente, que las empresas mineras puedan deducir de
sus impuestos, sino que se trata de la depreciación o agotamiento por la explotación de un recurso de
capital público, que conlleva la disminución del patrimonio natural de los colombianos. En este sentido,
debería eliminarse en forma inmediata esta deducción autorizada por la DIAN desde el año 2005.
Las ganancias extraordinarias que obtienen las compañías mineras por razones del auge en el
ciclo de precios en el mercado internacional deben ser compartidas con el propietario del recurso,
el Estado colombiano, ya que no se derivan de mayores inversiones o de cambios tecnológicos
introducidos por las compañías privadas. Rudas y Espitia en el volumen 1 de la serie Minería en
Colombia de la CGR, propusieron un esquema que le permitiría al Estado participar adecuadamen-
57 En los contratos de E&P petroleros, capítulo VI – derechos contractuales de la ANH.
58 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2013). Ibídem.
59 La aplicación de dos beneficios tributarios, la deducción por compra de activos fijos (30%-40%) y la
amortización de activos a cinco años, llevó a que en los últimos años del segundo gobierno de Uribe, los
empresarios no solo recuperaran su inversión, sino que ganaran 13 pesos más. Ver Zarama, F. (2010).
Reforma tributaria comentada. Editorial Legis. Bogotá.
Minería en Colombia
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