Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Minería y autonomía territorial
La política minera, instrumentada a través de un Código de Minas, le da prelación a la explotación
minera por sobre cualquier actividad sectorial e incluso por encima de propósitos colectivos
como la conservación y preservación del medio ambiente, cuando señala que es una
actividad de utilidad pública e interés social, al punto de que en su artículo 37 determina: “…
ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanentemente
o transitoriamente excluidas de la minería”, desconociéndose así que Colombia
está organizada en forma de República unitaria, descentralizada, y que en la Carta Política de
1991 se reconoce la autonomía territorial para la determinación de los usos del suelo, la preservación
ecológica (de las fuentes de agua, entre otros) y del ambiente.
La Corte Constitucional, en el fallo C-123 de marzo 5/2014 17 , declaró con exequibilidad condicionada
dicho artículo del Código de Minas y acotó un privilegio que beneficia especialmente
a particulares poseedores de títulos mineros. Este tema se ampliará en detalle más adelante.
Lo cierto es que no resulta coincidente con la realidad institucional y social que las entidades
responsables de las decisiones del subsuelo manifiesten que el licenciamiento minero es del
resorte único y exclusivo del “Estado central nacional”, malentendido como el gobierno central,
negando de tajo el carácter constitucional de los municipios como ordenadores del suelo bajo
su jurisdicción, a partir de un concepto no sustentado sobre la absoluta e inmanente escisión
entre suelo y subsuelo, y restringiendo de manera miope la política del subsuelo al manejo
exclusivo de los recursos mineros sin considerar que el subsuelo involucra ciclos de materia y
energía, otros recursos no minerales y la posibilidad del goce colectivo de paisajes o de la existencia
de sitios sagrados para comunidades indígenas o tribales.
Los conflictos por la imposición de proyectos extractivos desde el gobierno central con comunidades
que han expresado, mediante el empleo de mecanismos legítimos como las consultas
populares, su deseo de no permitir proyectos mineros o de hidrocarburos en sus territorios,
refleja el dilema entre una concepción patrimonialista consecuente con el afán de captar rentas
rápidas por parte del gobierno central a través de la explotación privada de RNNR y la manera
en que las comunidades perciben su territorio y su propio futuro.
Esta situación se aúna a la progresiva desaparición del carácter participativo de las comunidades
locales en las decisiones mineras y ambientales, situación que se evidencia en el análisis de
las normas reglamentarias del proceso de licenciamiento ambiental.
Precario desarrollo normativo y traslapamiento
El desarrollo normativo del sector, en lugar de avanzar asimilando aprendizajes y nuevos conocimientos
y adaptando normas y regulaciones a nuevas realidades, retrocede y facilita el renacimiento
de normas obsoletas responsables del actual estado de cosas. Con la desaparición de
17 Sentencia C-123 de marzo de 2014. Comunicado 07 de la Corte Constitucional.
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