Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Cuadro 2. Utilidad pública e interés general
País
Colombia
Ecuador
Argentina
Costa Rica
Chile
Perú
Utilidad pública e interés general
En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declarase de utilidad pública e interés
social la industria minera en todas sus ramas y fases. Por tanto podrán decretarse a su
favor, a solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos en este Código,
las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos constituidos
sobre los mismos, que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo.
La expropiación consagrada en este artículo, en ningún caso procederá sobre los bienes
adquiridos, construidos 0 destinados por los beneficiarios de un título minero, para su exploración
0 explotación 0 para el ejercicio de sus correspondientes servidumbres. (Artículo
13, Ley 685 de 2001 Código de Minas)
Se declara de utilidad pública la actividad minera en todas sus fases, dentro y fuera de las
concesiones mineras. En consecuencia, procede la constitución de las servidumbres que
fueren necesarias, en el marco y límites establecidos en esta ley, considerando la prohibición
y excepción señaladas en el artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador.
(Art. 15, Ley de Minería 2013)
La explotación de las minas, su exploración, concesión y demás actos consiguientes, revisten
el carácter de utilidad pública. La utilidad pública se supone en todo lo relativo al
espacio comprendido dentro del perímetro de la concesión. La utilidad pública se establece
fuera de ese perímetro, probando ante la autoridad minera la utilidad inmediata que
resulta a la explotación. (Artículo 13, Ley N° 25.225 Código de Minas)
Se declara de utilidad pública toda la actividad minera, tanto en los trabajos de exploración,
como en los de explotación. Tendrán el mismo carácter la concentración, beneficio,
transformación, transporte de sustancias minerales y los terrenos de propiedad particular
o estatal necesarios para estos fines. Excepto con autorización expresa de la Asamblea
Legislativa, los permisos o concesiones podrán negarse o condicionarse, de acuerdo con
el análisis de los estudios sobre el impacto social y ambiental que se hagan, en los cuales
participarán las comunidades afectadas, cuando tales estudios tengan relación con la salud
y la seguridad de los habitantes de comunidades ubicadas en las cercanías de las vías
de transporte, acueductos, oleoductos, depósitos de combustible, explosivos, obras de
defensa civil, poblaciones, cementerios, aeropuertos, plantas hidroeléctricas u obras de
importancia pública. Los estudios sobre el impacto social y ambiental contemplarán un
análisis del uso alternativo de la tierra en varias actividades económicas. El análisis del
impacto ambiental comprenderá las distancias y las otras condiciones para cada permiso
específico a que se refiere este artículo. Los permisos o concesiones podrán negarse o
condicionarse en razón del interés nacional. En caso de rescisión, el interés nacional será
declarado por la Asamblea Legislativa. (Artículo 6, Ley Nº 679 de 1982 Código de Minería)
N/A
La industria minera es de utilidad pública y la promoción de inversiones en su actividad es de interés
nacional. (Título preliminar. V, Decreto Legislativo Nº 109 de 1992 Ley General de Minería)
Minería en Colombia
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