Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
De igual forma, ante la existencia de comunidades indígenas que puedan verse afectadas por el
proyecto, es evidente la necesidad de realizar una consulta previa que es un derecho de estas
comunidades y que es de obligatorio cumplimiento, tanto para los interesados en el proyecto,
como para el Estado, según se dispone en la Constitución Política, en el Convenio 169 de la OIT
y demás disposiciones legales existentes en Colombia, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional
en numerosos fallos.
No se entiende porque la referida licencia ambiental no ha sido revocada, dado que es abiertamente
inconstitucional e ilegal. Sobre este aspecto, debe recordarse que la Corte Constitucional,
mediante la Sentencia C-649 de 1997 señaló que las áreas que conforman los Parques
Nacionales Naturales son destinadas a perpetuidad a la conservación y no pueden ser objeto de
sustracción. Sobre este aspecto, es importante revisar si un cambio de uso del suelo, no equivale
de hecho a sustraer una porción del área protegida para destinarlo a otro uso diferente al de
la conservación ambiental.
En la Sentencia C-746 de 2012, la Corte Constitucional, entre otras cosas señaló:
“Una lectura armónica de las dos instituciones jurídicas, la licencia ambiental y el sistema
de parques naturales, conduce a concluir que el trámite, otorgamiento o negación de
cualquier licencia ambiental para proyectos, obras o actividades en las áreas del Sistema
de Parques Nacionales Naturales debe estar sujeto a sus precisas finalidades y a los usos
y actividades permitidas dentro de las áreas del Sistema, siempre que tales actividades
no causen alteraciones significativas al ambiente, razón por la cual la Corte declaró la
constitucionalidad de la disposición demandada”.
Las inconsistencias y dificultades del licenciamiento ambiental en Colombia han sido puestas
de presente por la Contraloría General de la República en funciones de advertencia, informes
sobre el estado de los recursos naturales enviados al Congreso de la República y en actuaciones
y procesos de responsabilidad fiscal que se han adelantado en los últimos años. De hecho, la
función de advertencia del 18 de abril de 2013 dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tuvo su razón de ser en los graves
riesgos de daño ambiental derivados del proceso de licenciamiento ambiental.
La CGR llama la atención sobre “...las graves deficiencias y debilidades del proceso de licenciamiento
ambiental en el país, algunas de las cuales se habían detectado en el análisis sobre el
“Estado Actual del Licenciamiento Ambiental en Colombia” que en vigencia de los Decretos 1220
y 500 de 2005, se presentó en el informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente
2005-2006”. Entre las múltiples deficiencias y debilidades del proceso de licenciamiento ambiental
destaca la inexistencia de una política de Estado que en materia de planificación, regulación
y control, desarrolle de manera sistémica herramientas e instrumentos para responder
con eficiencia al deber constitucional de proteger y conservar la riqueza natural del país. Así
mismo, reitera la necesidad de fortalecer las instancias y los mecanismos de acción frente a los
daños ambientales, mediante el desarrollo de una normativa sólida, reforzando los controles
e incrementando las sanciones legales por daños ambientales y dando mayor participación a
Minería en Colombia
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