Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
tablecerlo, toda vez que esta situación está llevando a que, en algunos casos, las autoridades
ambientales –sin atender los fines esenciales del Estado, los derechos a un ambiente sano, salud,
tranquilidad e intimidad, a los principios que rigen la función administrativa, la producción
de alimentos, los principios de prevención y precaución, etc. – autoricen actividades que están
ocasionado destrucción del patrimonio natural e incluso el desplazamiento de comunidades.
También, las medidas establecidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales
negativos son insuficientes, y no existen mecanismos adecuados de control y seguimiento,
así como tampoco para establecer medidas compensatorias y evitar los pasivos ambientales.
Existe un importante desconocimiento del derecho a la participación, toda vez que la información
pública no es clara, suficiente o de fácil acceso, de tal suerte que las personas están
en imposibilidad de conocer y aceptar de manera libre, previa e informada, los proyectos
que pretenden desarrollarse en su territorio. No hay herramientas que permitan consultar
y hacer respetar los intereses locales, tanto de las autoridades como de los habitantes,
razón por la cual es necesario que se articulen la licencia ambiental y los instrumentos de
ordenamiento ambiental y territorial.
Desde el punto de vista estrictamente ambiental, la sustracción de áreas protegidas 89 para
el desarrollo de actividades sujetas a licencia ambiental, no es coherente con los mandatos
constitucionales, las políticas ambientales y los compromisos adquiridos mediante convenios
internacionales. Adicionalmente, el desarrollo de actividades amparadas con licencias
ambientales está ocasionando grave afectación a la biodiversidad y otros recursos naturales
renovables, así como desplazamiento de comunidades locales, con lo cual se están desconociendo
compromisos adquiridos por Colombia en tratados, convenios y protocolos en materia
de derechos humanos y ambientales.
En relación con el licenciamiento ambiental y el ordenamiento jurídico en general
El distanciamiento del derecho ordinario respecto de los principios constitucionales que fundan el
Estado Social de Derecho es insuficiente a la luz de los desafíos que impone la armonización de la
conservación de la naturaleza, el bienestar de las personas y el desarrollo económico del país.
Pese a que el ambiente sano es un derecho de los consagrados en el Protocolo de San Salvador 90 ,
la legislación y regulación gubernamental en Colombia han desconocido el principio de no regresión,
debido a que el debilitamiento del licenciamiento ambiental implica un retroceso en
las conquistas de la Constitución de 1991, plasmadas en la Ley 99 de 1993.
89 Diferentes a las áreas del sistema de parques nacionales naturales, parques naturales regionales. En
materia minera, tampoco resulta factible sustraer las áreas de reserva forestal protectoras.
90 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos,
sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”
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