Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
debe ser un facilitador de la actividad propia del mercado, y de otra, un Estado intervencionista
que incide en múltiples sectores actuando como garante de intereses colectivos.
Ello encuentra explicación en la transformación histórica del Estado gendarme al Estado providencia
y del Estado de Derecho al Estado Social. De esta manera, propuestas como las planteadas en
Chile por autores como Vergara Blanco (2012), se sitúan en la noción del Estado policivo cuyo único
fin esencial sería garantizar la apropiación pacífica de los recursos, obviando que uno de los puntos
claves para justificar una propiedad patrimonial del Estado en relación con el subsuelo y los recursos
mineros es que su fin es social: garantizar el bienestar de todos los asociados, con lo cual se somete
a examen su capacidad para redistribuir los activos sociales, realizar adecuadamente inversiones
sociales de su erario público y garantizar la sostenibilidad / razonabilidad del aprovechamiento de
los recursos con base en el deber constitucional de preservar el medio ambiente. En este caso, el
recurso natural es una, entre otras, de las fuentes de riqueza estatal al tiempo que constituye un
bien especialmente protegido cuya preservación es de interés colectivo.
Esta riqueza no es solamente rentista o de acumulación capitalista, sino que implica el deber
de inversión estatal y ésta no puede ser otra que la inversión social aunada a la preservación
e integralidad del medio ambiente. La medición, en este caso, es de impacto: de los efectos
de la acción del Estado en la comunidad desde el punto de vista de las necesidades concretas
entendiendo la dignidad humana, individual y colectiva, en términos de igualdad, como el fundamento
de las decisiones estatales.
En Colombia el mandato contundente en la materia se encuentra en la interpretación sistemática
de los pre-citados artículos 80, 334 y 360, en concordancia con el artículo 366 que establece que
“el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales
del Estado”, de manera que los servicios públicos “constituyen un instrumento necesario para la realización
de los valores y principios constitucionales fundamentales” (Corte Constitucional, 2003).
Conforme a lo anterior, se puede percibir un vínculo estrecho entre la tesis del servicio público
no esencial con la de las actividades complejas mineras como expresiones de la soberanía estatal
que se desprende de la facultad de intervención del Estado en la explotación de los recursos
naturales y de su deber de planificación, manejo y aprovechamiento de estos recursos, por
cuanto el servicio público puede ser entendido como un servicio económico de interés general.
Intervención y control del Estado constitucional en la explotación de los
recursos mineros
Finalmente, puede afirmarse que es desde la perspectiva de derechos constitucionales que ha
de entenderse de una manera más asertiva que la minería es también una actividad económica
de exclusivo control del Estado, toda vez que conforme a dicha perspectiva, al tiempo
que (1) “la intervención del Estado se valora en la medida en que promueve la igualdad real y
efectiva entre los ciudadanos, sin perjuicio de los derechos de todo tipo reconocidos y garantizados
en la Constitución” (Cortés Zambrano, 2009, p. 41), (2) el reconocimiento de derechos
Minería en Colombia
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