Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
2) Dicha soberanía hace referencia a los recursos que se encuentran ubicados en el territorio
comprendido dentro de sus fronteras, así como en los fondos marinos y en su subsuelo
situados dentro de su jurisdicción nacional, y en las aguas suprayacentes;
3) El derecho de todo Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales es
inalienable y se encuentra asociado a la satisfacción de sus intereses nacionales, con total
independencia económica en relación con circunstancias que generen presión de parte de
otros sujetos de derecho internacional;
4) Este tipo de riquezas se entiende como bienes adquiridos por vía de sucesión incondicional
en los países que han adquirido su soberanía de manera ulterior a su sometimiento
a un dominio colonial;
5) Los acuerdos económicos y financieros entre países desarrollados y los denominados “países
en vía de desarrollo” deben basarse en los principios de igualdad y del derecho de los
pueblos y naciones a la libre determinación;
6) El derecho a la soberanía permanente sobre las riquezas y recursos naturales debe ejercerse
en interés del bienestar del pueblo del respectivo Estado;
7) Las utilidades que se obtengan de la autorización de exploraciones, desarrollo y disposición
de los recursos, y de la importación de capital extranjero, deben ser compartidas entre
los inversionistas y el Estado que recibe la inversión, cuidando de no restringir por ningún
motivo la soberanía del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales;
8) La utilidad pública de las actividades asociadas a la explotación o disposición de los recursos
señalados debe reflejarse en el bienestar del pueblo del respectivo Estado, constituyéndose así
en un interés superior al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero;
Con base en los anteriores planteamientos de derecho internacional, se puede entender el
alcance del dominio del Estado sobre el subsuelo o sus recursos naturales no renovables,
que puede tener la connotación de eminente y útil, así como su vinculación a procesos de
nacionalización de recursos.
En este caso, el dominio eminente puede ser entendido “como expresión de la soberanía del Estado
y de su capacidad para regular el derecho de propiedad -público y privado- e imponer las cargas
y restricciones que considere necesarias para el cumplimiento de sus fines, naturalmente dentro de
los límites que la propia Constitución ha impuesto” (Corte Constitucional, 2012).
Igualmente, el dominio útil puede ser entendido como sustento de la regalía, por cuanto supone
el carácter público de los recursos, y la autorización limitada al Estado de otorgar solamente
una mera facultad a los particulares de exploración y explotación (Sarria, 1960, p. 29). Desde
esta perspectiva, existe un derecho exclusivo de disposición del Estado (Acosta Romero citado
en Kunz, 2012, p. 37), limitado o condicionado al interés del bienestar del pueblo, comunidad
estatal o Nación a él perteneciente (ONU, 1973). De hecho, es precisamente esta soberanía
popular la que permite, entre otros, procesos de nacionalización de recursos.
Conforme a lo anterior, la nacionalización de minas, como expresión del dominio estatal, presupone
la explotación de los recursos mineros en exclusivo provecho de la colectividad nacional.
Minería en Colombia
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