Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
vigencia plena de los preceptos constitucionales en todo el territorio nacional. Resulta paradójico
que sean los ciudadanos de este país quienes reclamen a los gobiernos seguir los mandatos
de la Constitución Nacional y especialmente de los artículos sobre los cuales se puede iniciar la
construcción de una política integral minera.
Balance integral beneficio/costo en el macro-sistema minero
Una vez el Estado haya determinado en qué regiones podrán desarrollarse actividades extractivas
y en qué regiones no, sería necesario proceder a definir y adoptar los criterios bajo los cuales se
analiza la conveniencia y se autoriza la ejecución de proyectos de minería necesaria cuyo balance
integral beneficio/costo sea positivo para la Nación, en el marco de referencia antes comentado.
¿Quién define los montos de minería necesaria para los fines descritos? De nuevo, se trata de
un esquema de planificación pública, necesaria para garantizar el suministro de insumos, la
generación de empleo y valor agregado nacional, el aporte de recursos para la financiación del
Estado, a partir de la riqueza mineral del país, y para que la sociedad logre transformar su patrimonio
natural en mejores niveles de bienestar.
La elaboración de matrices oferta/demanda inter-temporales, como se comentó antes, sería
instrumento idóneo de planeación estratégica. Esto implica:
• El criterio fundamental para autorizar el desarrollo de nuevos proyectos de minería necesaria
sea que las condiciones ambientales, sociales, étnicas y económicas/financieras, en
sentido amplio, así lo permitan.
• La decisión de aprobar o no nuevos proyectos mineros depende no de la existencia de
áreas libres como ocurre actualmente, sino de las condiciones que, desde diferentes perspectivas
de este macro-sistema, se presenten, sin afectar indebidamente ninguno de los
sistemas del entorno minero.
• El establecimiento y concreción de los criterios y compromisos generales de referencia para
conceder nuevos títulos o contratos mineros no corresponderían a una entidad particular del
Estado, sino a una instancia donde confluyan los diversos intereses de los gobiernos, central
y territoriales, y de las comunidades locales.
• En el balance integral beneficio/costo de un proyecto minero específico se ha de evaluar sus
impactos sobre los diferentes componentes del macro-sistema minero, es decir, su potencial
impacto sobre el medio ambiente, las comunidades, el territorio y la cultura, y los réditos
económicos que arroje en términos de impuestos, regalías y compensaciones, empleo, valor
agregado, entre otros.
• Un criterio crucial para la autorización de un proyecto minero es el relacionado con la concertación
de acuerdos entre el gobierno central, los gobiernos territoriales y sus comunidades
en las zonas de influencia, de acuerdo con lo establecido en la Sentencia C-123 de marzo
5 de 2014 de la Corte Constitucional.
Definir la conveniencia de un proyecto minero según su balance integral beneficio/costo resulta
complicado, por decir lo menos, debido a que ninguna autoridad ambiental, minera, tributaria,
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