Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
el consentimiento de los pueblos como consignatarios de intereses de especial connotación
social. Lo anterior por cuanto para la Corte Constitucional (2012a) “el concepto de Estado como
propietario de los recursos naturales no renovables… comprende el conjunto de todas las autoridades
públicas, a todos los colombianos y a todas las entidades territoriales”.
En cierta forma, lo anterior podría contribuir a explicar el alcance que la Corte Constitucional
colombiana (1997) dio al concepto de Estado en relación con la propiedad sobre el subsuelo y
de los recursos naturales no renovables, desde la perspectiva de la des-centralización del poder
público. El alto tribunal, con base en una tesis jurídica que otorga especial relevancia al alcance
territorial de dicho poder, determinó que, en general, la normatividad colombiana reserva la
palabra “Nación”, en vez de la palabra “Estado”, para hacer referencia a las autoridades centrales
y distinguirlas de las autoridades descentralizadas.
En este caso, para el alto tribunal constitucional colombiano, la Carta Política de 1991 utiliza
la palabra Nación cuando se refiere a las competencias propias de las autoridades centrales,
mientras que la palabra Estado denota en general el conjunto de todas las autoridades públicas.
Adicional a lo anterior, la Corte aplica también una visión organicista para concluir que
en el ordenamiento constitucional colombiano, “la palabra Estado no se refiere exclusivamente
a la Nación (entendido en este caso como “poder central”) sino que se emplea en general para
designar al conjunto de órganos que realizan las diversas funciones y servicios estatales, ya sea en
el orden nacional, o ya sea en los otros niveles territoriales” (Corte Constitucional, 1997).
Con base en lo anterior, la Corte concluye que “cuando la Carta se refiere al Estado, y le impone un
deber, o le confiere una atribución, debe entenderse prima facie que la norma constitucional habla
genéricamente de las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales”.
Ello quiere decir que la propiedad sobre el subsuelo, como atributo del Estado, implica a los entes
territoriales, y no reduce la determinación de la disposición de sus recursos exclusivamente
a las esferas nacionales del poder estatal, por el alcance funcional o finalístico de los distintos
órdenes (central y territorial) de autoridad estatal. Estado no es, entonces, sinónimo de Nación,
aunque la Corte, esta vez con base en una intuición más sociológica que formal-jurídica,
no descarte que en algunos casos (cuando se demuestre por qué) la palabra Estado pueda ser
considerada un sinónimo de Nación. Lo importante, en este caso, es reconocer como titular del
dominio público del subsuelo y de los recursos naturales no renovables a la comunidad estatal,
es decir, “a todos los colombianos” (Corte Constitucional, 2012a).
En el caso de la propiedad sobre el subsuelo y sobre las minas, la Corte Constitucional también
ha señalado que, al comportar buena parte de la riqueza pública, ésta debe ser aprovechada
en beneficio de toda la sociedad. Ello quiere decir que la Constitución al hacer referencia al Estado
como propietario del subsuelo y de los recursos naturales, alude al Estado constitucional
antes explicado, que implica una convergencia funcional entre Estado y Nación, entendidos
como expresiones jurídicas dúctiles, es decir, como realidades sociológicas que atienden a fines
colectivos consignados en Constituciones que como la colombiana de 1991, da especial
preponderancia al contenido social del Estado de derecho.
Minería en Colombia
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