Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
La consagración de utilidad pública de la minería se ha concebido como un medio para que
esta actividad se desarrolle sin dificultades, permitiendo al beneficiario de un título minero que
pueda negociar directamente los predios sobre los cuales se otorgan los mismos y cuyo otorgamiento
no es consultado con los propietarios, tenedores o poseedores en el supuesto en que el
subsuelo es del Estado o expropiando en los casos en que no haya acuerdo. Con esto también
se subvierte el orden constitucional al privilegiar la actividad minera, con su ropaje de utilidad
pública y libre empresa, frente a otros fines y derechos que debe garantizar el Estado, como la
vida, integridad, salud, tranquilidad, intimidad, ambiente sano, vivienda digna y producción de
alimentos, todos ellos previstos en la Constitución Política.
A lo anterior, debe sumarse que para el otorgamiento de un título minero no existe un proceso
de selección objetiva que permita escoger al mejor postor, aquel que garantice que dentro del
concepto de la responsabilidad social empresarial cuenta con los medios económicos, financieros
y tecnológicos que garantice que realiza su actividad dentro del marco que prevé la Carta
superior, con respeto por el ambiente y las comunidades. Por las implicaciones de las actividades
mineras, no es de recibo mantener el principio abiertamente inconstitucional de “primero
en el tiempo primero en el derecho” previsto en el artículo 16 del Código de Minas que permite a
un particular “apropiarse” 28 de los recursos del Estado a cambio del pago de unas regalías, con
evidente deterioro del patrimonio natural y social de la nación.
Esto implica que el aprovechamiento racional de recursos naturales que busque garantizar un
ambiente sano presente y futuro, también es un asunto de interés general, que aun cuando
sumado al ambiente sano como derecho fundamental, podría dar la percepción de superioridad
axiomática de los asuntos ambientales, lo cierto es que la Constitución Política está diseñada
para que economía, sociedad y ambiente se complementen e interrelacionen en las dinámicas
políticas y comunitarias propias del país.
En tal virtud, el interés general se pone a prueba con el avasallamiento de los aspectos económicos
sobre los sociales y ambientales, y su alcance se reduce a la generación de capital. Lo anterior se
evidencia en el progresivo debilitamiento del instrumento de gestión de los impactos asociados, de
la institucionalidad ambiental para la planificación, evaluación, aprobación y seguimiento, así como
en las múltiples y crecientes facilidades legales para acceder y apropiarse del subsuelo nacional.
Licencia ambiental – antecedentes normativos
Realizado el análisis del deber ser constitucional del licenciamiento ambiental, especialmente en
punto de la minería, a continuación se procederá a efectuar un recuento de los antecedentes norma-
28 Ley 685 de 2001. ARTÍCULO 15. NATURALEZA DEL DERECHO DEL BENEFICIARIO. El contrato de concesión y
los demás títulos emanados del Estado de que trata el artículo anterior, no transfieren al beneficiario un
derecho de propiedad de los minerales “in situ” sino el de establecer, en forma exclusiva y temporal dentro
del área otorgada, la existencia de minerales en cantidad y calidad aprovechables, a apropiárselos
mediante su extracción o captación y a gravar los predios de terceros con las servidumbres necesarias
para el ejercicio eficiente de dichas actividades. (Subrayado fuera de texto).
Minería en Colombia
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