Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Estas normas denotan dos perspectivas: una, la protección de derechos fundamentales de
los mineros informales y de sus actividades mineras contenidas en el artículo 107. Otra, la
persecución de la minería ilegal, con estrictas medidas como las citadas en el artículo 106.
Lo anterior resulta no solamente confuso sino profundamente inconsistente y contradictorio,
ya que en un mismo cuerpo normativo se quiere proteger a los mineros informales, es decir,
quienes no tienen título minero, ni registro y, a la vez, se establecen medidas drásticas contra
la minería informal, llegando incluso a disponer la enajenación de los bienes utilizados en su
ejercicio y a contar con el producido para financiar programas de erradicación.
5. Lineamientos jurisprudenciales en relación con la Ley del Plan
Una perspectiva importante es el pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca de la
norma analizada. En efecto, el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 fue demandado debido a
que esta norma debía ser sometida a consulta previa según los demandantes, por involucrar
a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
La demanda fue estudiada y resuelta por el Alto Tribunal mediante Sentencia C-331 de 2012 47 .
En este pronunciamiento la Corte Constitucional consideró que dicho artículo es una norma
general que busca evitar una práctica ilegal que tiene graves daños ambientales:
“En el presente caso, la Sala constata que el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, por
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, prohíbe en todo el territorio
nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos
mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero
Nacional. A la vez, prevé el decomiso de bienes y la imposición de una multa por infracción
a esta prohibición, además de medidas especiales para la reorganización de los
municipios explotadores de oro…La Corte evidencia por tanto que el artículo 106 de la
Ley 1450 de 2011 contiene una norma general que busca evitar una práctica ilegal, la
cual produce serios daños ambientales y se encamina a garantizar la no explotación
minera en términos industriales, que no es propia de las comunidades indígenas y afrodescendientes,
y por tanto, no las afecta de manera directa y específica. Por el contrario,
para esta Corporación, es claro que dicho tipo de explotación produce un deterioro
irreparable de los recursos naturales que deben preservarse, de manera que es a toda
la comunidad nacional, y no solo a los grupos étnicos, a quienes les interesa el control
de esa explotación ilícita de minerales. En punto a este tema, la Sala recuerda que la
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables y el derecho colectivo
a un ambiente sano, no fueron consagrados únicamente en favor de los grupos étnicos,
sino que se encamina a la protección de bienes jurídicos superiores que interesan a
toda la comunidad nacional…Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que
esta disposición del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, (i) encuentra sustento
constitucional, al encaminarse al control de la minería ilegal, y buscar con
47 Comunicado de prensa No. 18 del 09 de mayo de 2012. Expediente D-8779 – Sentencia C-331/12. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
Minería en Colombia
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