Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Así mismo, la Corte ha precisado, como ya se ha señalado en el presente capítulo, que el concepto
de Estado como propietario de los recursos naturales no renovables, comprende el conjunto
de todas las autoridades públicas, a todos los colombianos y a todas las entidades territoriales,
y que con esta expresión el constituyente quiso evitar la centralización nacional de los recursos
provenientes de la explotación de los recursos naturales, los cuales deben beneficiar a todos los
colombianos, por cuanto los recursos naturales no renovables por cuya explotación se causan
las regalías son, como regla general, públicos.
La Corte Constitucional (1997, 2010a) precisa que de conformidad al carácter público de los recursos,
existe un equilibrio entre la Nación y los entes territoriales en relación con la riqueza minera
por cuanto, a su entender, la Constitución evitó atribuir a la Nación la propiedad de los recursos
no renovables, para evitar la centralización de sus beneficios, al tiempo que evitó, por razones de
equidad y de equilibrio regional, municipalizarlos o atribuir su propiedad a los departamentos.
Razonabilidad constitucional en el modelo de concesión minera
En relación con la concesión para el uso y explotación de recursos naturales no renovables,
como son los mineros, la Corte Constitucional (2012) también ha destacado el impacto ambiental
de dicha explotación, y la necesaria protección estatal del medio ambiente y la biodiversidad,
como una de las razones constitucionales de las zonas excluidas de la minería y de minería
restringida, y la protección especial de grupos como las comunidades étnicas.
Lo anterior significa que para la jurisprudencia nacional, la explotación minera no puede verse
desligada de las finalidades esenciales del Estado y de otros intereses de alcance constitucional
que ésta debe respetar. Es decir, se encuentra implícita en un orden constitucional de prohibiciones
específicas, y de supremacía e intangibilidad de derechos fundamentales, individuales y
colectivos. Lo anterior no solamente admite sino que exige al Estado, la imposición a los particulares
interesados en la explotación minera, de deberes fundado en la protección de intereses
constitucionales, como sucede, por ejemplo, con la integridad del medio ambiente 18 .
De allí que para la Corte Constitucional (2010a), el Estado se encuentra facultado para establecer
una serie de políticas de planificación dirigidas a la protección ambiental y de la biodiversidad,
en relación con el aprovechamiento de los recursos naturales, en atención a la función
ecológica de la propiedad (artículo 58 de la Constitución Política), el respeto por el derecho a
un medio ambiente sano, y la protección del medio ambiente, de conformidad con los tratados
internacionales que en materia ecológica han sido suscritos por el Estado colombiano.
Ello quiere decir, además, que las decisiones del Estado en relación con el uso y explotación
de los recursos mineros no son absolutamente discrecionales, sino que se encuentran limita-
18 En este caso, la Corte admite una concepción del subsuelo más amplia que la estrictamente económica,
para salvaguardar intereses reconocidos por la Constitución Política como sucede con “el derecho de
toda persona a gozar de un medio ambiente sano, el cual conlleva un deber correlativo de conservación y
preservación de ese ambiente para sí mismo y para los demás” (Corte Constitucional, 2011).
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