Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Sin embargo, la última parte de esta norma que establece un silencio administrativo
positivo, en favor de quienes presentan la solicitud de licencia ambiental ante las
corporaciones autónomas regionales, presenta problemas de inconstitucionalidad.
En principio, pudiera pensarse que esta institución estaría acorde con la finalidad de
agilizar la actividad administrativa bajo criterios de celeridad y eficiencia, más claro
aún, tratándose de una situación de emergencia. El silencio administrativo positivo
constituye sin duda, además de una garantía para los particulares para una pronta
resolución de sus peticiones y reclamos ante las autoridades, una verdadera sanción
para la administración morosa. No obstante, la norma autoriza emprender una obra
sin que se haya pronunciado de fondo la correspondiente autoridad ambiental, con
lo cual estarían en conflicto la eficacia y celeridad de la administración y la prontitud
que exige la ejecución de los proyectos de reconstrucción en la zona cafetera, con la
protección del ambiente y de los recursos naturales de la misma.
A juicio de la Corte, la frase “Vencido este término se entenderá que la decisión es positiva”
consignada en el artículo 38 debe ser declarada inexequible, con fundamento en las
mismas consideraciones expuestas por la Corte en la sentencia C-328 de 1995 (MP. Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz), al declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo 4º de
la Ley 105 de 1993, que en esta oportunidad se prohijan.
Dijo la Corporación en esa ocasión:
“El artículo impugnado al establecer un procedimiento específico para la obtención
automática de la licencia ambiental ante la omisión de las autoridades competentes,
introduce una indebida alteridad dentro de Estado, que desvirtúa la filosofía de los
deberes estatales y subvierte la lógica y el funcionamiento del control previo sobre los
proyectos de construcción de obras públicas.
La protección del ambiente sano y de los recursos naturales es un deber del Estado
y de los particulares (C.P. arts. 8, 58 y 95). En virtud de expreso mandato constitucional
(C.P. arts. 49, 79, 80 y 334) y de compromisos internacionales contraidos por
Colombia (Convención sobre Diversidad Biológica, artículo 14), al Estado corresponde
cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que ninguna ley, por
importante que parezca, puede desconocer. (...)
Cabe preguntarse si la Ley puede relevar al Estado de su deber constitucional de prevenir
y controlar el deterioro ambiental, como sanción a la actuación omisiva de la autoridad
pública. La respuesta es a todas luces negativa.
A juicio de la Corte, no se compadece con el deber de protección ambiental que, por el
deficiente funcionamiento de la administración, el mismo Estado, por vía de la ley, pueda
obviar o prescindir del cumplimiento de expresos mandatos constitucionales y de compromisos
internacionales. La aplicación del silencio administrativo positivo a la hipótesis
establecida en la norma, le resta todo sentido a las observaciones e indicaciones de la
autoridad ambiental previas a la elaboración del estudio de impacto ambiental, ya que
de no producirse un pronunciamiento oficial dentro de los sesenta días calendario fijados
en la ley, se entiende otorgada la respectiva licencia ambiental, sin necesidad de una
evaluación de los factores de riesgo ambiental derivados del proyecto, o de los planes
diseñados para contrarrestarlos.
Minería en Colombia
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