Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
La intensificación de actividades económicas de las últimas décadas ha permeado los espacios sociales,
culturales, políticos y jurídicos, sin que se evidencie un balance real entre desarrollo, conservación
ambiental y garantía de derechos. Por el contrario, pareciera que la apuesta del gobierno para
alcanzar el desarrollo significa el sacrificio de recursos naturales y, por esa vía, cierta vulneración de
derechos fundamentales como a la salud, intimidad, tranquilidad, consulta previa, participación,
ambiente sano, entre otros, con lo cual pareciera existir una cierta relativización de principios constitucionales
en pos de lo que las autoridades gubernamentales entienden como desarrollo.
Según señala Donelly (1989) 91 , “deberíamos estar particularmente cansados de los argumentos
a favor de la transacción entre derechos y desarrollo en ambientes de despotismo y oligarquía,
porque bajo esas condiciones las tienden a involucrar a personas que
son sacrificadas, en lugar de a personas que hacen sacrificios (...). los argumentos ordinarios
son favorables a las soluciones económicas que requieren sacrificios inmensos por parte de
quienes tienen menos posibilidad de sacrificio”.
El excesivo legalismo, entendido como que todo el accionar del Estado y los particulares debe estar
escrito en una norma en desconocimiento de los principios constitucionales, tal como sucede
en el caso de la prohibición expresa de la minería en los páramos, humedales Ramsar, arrecifes
coralinos, áreas del sistema de parques nacionales naturales, etc., así como la superproducción
normativa sobre los asuntos ambientales y las actividades económicas, como sucede con el Código
de Minas, la Ley 611 de 2000 de zoocría, Ley 1011 de 2006 sobre caracol de tierra (Hélix aspersa),
etc., han terminado por hacer incoherente e ineficiente el ordenamiento jurídico.
Desde la expedición de la Ley 99 de 1993 son muchos los cambios que se han realizado con respecto
al licenciamiento ambiental, de los cuales muy pocos lo fortalecieron. Veinte años después, nos
encontramos frente a un instrumento de gestión ambiental debilitado e ineficiente que lejos de
promover un real desarrollo sostenible, permite que los intereses económicos se impongan sobre
los sociales y ambientales. Así mismo, no se cuenta con un diagnóstico que dé razón de los resultados
que se han obtenido en el país desde diciembre 22 de 1993 a la fecha, de manera que no se
conoce qué tanta incidencia y eficacia ha tenido la licencia ambiental en el crecimiento económico
del país, así como en la conservación ambiental y, consecuentemente, en el desarrollo sostenible
del país lo que involucra una responsabilidades con las generaciones presentes y futuras.
Finalmente, Latinoamérica comparte múltiples características legales en el diseño de gestión
ambiental. No obstante, el fortalecimiento del ejercicio de autoridad, términos de referencia y
estudios más detallados y exigentes que incluyan de manera integral y coherentes los componentes
físicos, bióticos y socioeconómicos, un registro nacional de consultores, establecer la
obligatoriedad de la licencia ambiental en la etapa de exploración minera, culminar los procesos
de ordenamiento ambiental y territorial, podrían ser analizadas para fortalecer la licencia
ambiental, así como disposiciones relativas a la inalterabilidad de las áreas destinadas a la conservación,
la minería necesaria para la sostenibilidad económica del país y la erradicación de
elementos tóxicos en la actividad minera.
91 Donelly, J. (1989). Universal human rights in theory and practice. Ithaca: Cornell UP. Pág. 180
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