Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Ello se observa en la fundamentación de la propuesta gubernamental de reforma de los códigos
penal, de procedimiento penal y el régimen sancionatorio, en la que se afirma que la
minería que ocasiona daños al medio ambiente, la salubridad pública o la afectación de las
condiciones sociales de las comunidades vinculadas a su entorno, es la ilegal, en contraposición
a la minería que cumple el objetivo de la agenda gubernamental.
4. En el mismo sentido, las políticas gubernamentales buscan la protección de la seguridad
nacional, a través de la persecución de los grupos armados ilegales y de delincuencia común,
con la producción de normas que los debiliten. No obstante, se evidencia una generalización
en asociar el concepto de minería ilegal, es decir, la que incumple requisitos legales administrativos,
con actividades estrictamente criminales, lo cual resulta lesivo para las comunidades
que adelantan minería informal y tradicional. Lo anterior se demuestra en el Proyecto
de Ley 091 de 2013-Cámara, que tiene graves falencias en su fundamentación.
5. Se evidencia que el derecho penal se pretende utilizar como primera opción para perseguir el
incumplimiento de requisitos legales, y no como ultima ratio, cuando resulte insuficiente la
sanción administrativa. Equivocadamente se insiste en resolver las problemáticas sociales,
ambientales y mineras a través del derecho penal y de drásticas sanciones administrativas,
ignorando que la confusa normatividad hace que ciertos sectores que ejercen la minería informal,
y la tradicional, terminen siendo vinculados a procesos penales y sometidos a drásticas
sanciones administrativas.
6. Aunque se reconocen formalmente los derechos constitucionales de la minería informal, especialmente
en el artículo 107 de la Ley 1450 de 2011, al no desarrollarse una formulación
normativa con enfoque diferencial de las actividades mineras, sus razones sociales y sus
afectaciones al medio ambiente, tales garantías y derechos fundamentales no resultan protegidos
materialmente.
7. Las problemáticas expuestas en este documento afectan la operatividad de la Política Pública
y la focalización de recursos estatales en la consecución de los fines del Estado Social de
Derecho, ya que al no existir coherencia y claridad en las propuestas gubernamentales, así
como en la expedición de normas sin el suficiente estudio y fundamentación, hace que los
esfuerzos institucionales y fiscales no cumplan su cometido y que, incluso, se contribuya, al
fin de cuentas, a que la problemática se profundice aún más.
Minería en Colombia
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