Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
Normatividad Penal
La norma jurídico-penal establece como merecedoras de sanción, ciertas conductas que lesionan
bienes jurídicos relevantes para la sociedad. Según el profesor Fernández Carrasquilla
(2011), tiene una doble función; valorativa y motivadora:
“(Valorativa) Significa que las normas sancionatorias del derecho penal positivo, al declarar
punibles ciertas conductas por medio de los tipos, las someten objetivamente -esto es,
con carácter general e igualitario frente a todas las personas- a un juicio de valor negativo,
a saber: la desvalorización consistente en que la conducta resulta indeseable o insoportable
para el ordenamiento jurídico, en virtud de que contiene un grave atentado contra
bienes jurídicos fundamentales del individuo o la comunidad … merecedor de la máxima
sanción jurídica, que es la pena criminal. Esa valoración abarca la conducta íntegramente,
es decir, en la plenitud de sus componentes psicológicos y materiales, en sí misma y en las
consecuencias externas que para el legislador resulten relevantes… (Motivadora o determinadora)
se dirige a todo destinatario con capacidad de motivarse por la comprensión
valorativa de la norma… adoptar los valores sociales plasmados en las normas de derecho,
esto es, de ajustar su comportamiento a los requerimientos valorativos de la norma... 7 ”
El derecho penal contempla el principio de mínima intervención, que consiste en que el ejercicio
de esa facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las otras alternativas han fallado:
“Esta preceptiva significa que el Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las
conductas antisociales, pero tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo
para los intereses de la comunidad o de los individuos; como también ha precisado que la
decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles
en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende
que la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida
de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir al Estado para reprimir un comportamiento
que afecta los intereses sociales. En esta medida, la jurisprudencia legitima la descripción
típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los
intereses de la comunidad. De allí que el derecho penal sea considerado por la jurisprudencia
como la ultima ratio del derecho sancionatorio… La Corte Constitucional ha reconocido que el
derecho penal debe ser un instrumento de ultima ratio para garantizar la pacífica convivencia
de los asociados, previa evaluación de su gravedad y de acuerdo a las circunstancias sociales,
políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado. 8 ”
El principio de la ultima ratio se aplica especialmente a la actividad legislativa y de los operadores
jurídicos, que consiste en recurrir en último término a la vía penal. La producción de
normas jurídico-penales debe sustentarse en una justificación razonable ya que esta intervención
estatal limita de manera drástica los intereses fundamentales de la persona:
7 Fernández Carrasquilla, Juan (2011). Derecho penal. Parte general. Bogotá, Grupo editorial Ibáñez.
Cap. 10 “Excurso: funciones de la norma penal”.
8 C-365/2012
Minería en Colombia
451