Libro mineria_vol. III_serie final

Contraloría General de la República
nes administrativas, legislativas y judiciales, situación que propicia un desarrollo normativo,
económico y político tan desorganizado e inconsistente, que el Estado concebido en la Constitución
Política y el de facto son dos modelos estatales diferentes.
Los instrumentos de gestión ambiental diseñados a partir de una idea única de manejo racional
o sostenible de los recursos naturales desarrollada en el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, se ha ido deformando por causa de la regulación
e interpretación de las normas. Así, pese a que la Ley 99 de 1993 es la norma que regula los
asuntos ambientales en general, la Corte Constitucional avaló que el Código de Minas contemple
su propio régimen ambiental 20 , incluyendo lo concerniente al licenciamiento ambiental, con
lo cual los aspectos previstos en la norma sectorial desplazan jerárquicamente las regulaciones
ambientales, que adquieren un carácter subsidiario en materia minera.
Según lo anterior, a diferencia de los demás sectores productivos del país, las actividades mineras
cuentan con una regulación especial que, además de romper con la articulación, coherencia
e integridad del régimen normativo ambiental, desconoce la gravedad de los impactos que ocasiona
la minería, por lo cual debería ser más restrictiva y no más laxa, como infortunadamente
ocurre en la actualidad. En consecuencia, las herramientas que le permiten al Estado gestionar
el aprovechamiento de sus recursos naturales se han ido debilitando por cuenta de decisiones
que favorecieron un sector en particular, y debilitaron la estructura jurídica del derecho ambiental
interno, tal como se expondrá en el cuadro 1.
La licencia ambiental, en teoría, debería implicar el aprovechamiento de los recursos naturales
de manera ordenada y planeada, con total control de los impactos, a fin de restaurar y compensar
a la sociedad por la afectación del entorno natural, como parte del patrimonio de la Nación.
En palabras de la Corte Constitucional, “funciona como garantía de intereses constitucionales
protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público” 21 y, por
su especial carácter, es la principal herramienta para gestionar los riesgos y los daños que se
causen en el ejercicio de una actividad extractiva.
Según lo expuesto, existe un complejo conflicto entre las denominadas constituciones económica,
social y ambiental, que requiere de un análisis detallado, a la luz de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional frente al límite de ese interés público y la paulatina mengua
del derecho ambiental interno.
Fundamentos constitucionales
La Constitución Política de 1991 trajo consigo una reforma del Estado que, además de institucional,
fue particularmente sobre cómo la sociedad se concibe a sí misma. En tal virtud, la
consagración de numerosos derechos y sus respectivos mecanismos de protección, de una de-
20 Sentencia C-339 de 2002. Corte Constitucional.
21 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-746-12.htm. Sentencia C-746 de 2012. Corte
Constitucional.
Minería en Colombia
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